Unas 800 parejas españolas contratan vientres alquiler en el extranjero cada año.

(EFE).- Alrededor de 800 familias españolas contratan vientres de alquiler en países extranjeros cada año, ahora la mayoría de ellas en Ucrania, ya que la denominada maternidad subrogada está prohibida por la legislación española.

Este proceso, que cuesta de 50.000 a 200.000 euros, sólo cuenta con cobertura jurídica específica en Estados Unidos, Ucrania, Rusia, México, Georgia y Kazajistán, han explicado a Efe expertos de Subrogalia, la compañía de un bufete de abogados barcelonés que celebra hoy la primera conferencia sobre vientres de alquiler en la capital catalana.

En España, como en la mayoría de países del mundo, la maternidad subrogada no está permitida, pero hasta el pasado febrero -gracias a una circular aprobada en 2010- se admitían las sentencias judiciales de países donde estaba permitido -como Estados Unidos- y donde se reconocía la paternidad de los que pagaban el vientre.

Ahora, ha descrito Sánchez, sólo puede inscribirse al bebé como hijo del padre varón, que suele ser también el biológico, y la madre debe tramitar la adopción en España después de que la madre de alquiler haya renunciado al bebé.

Para contratar un vientre de alquiler, la pareja interesada se desplaza hasta el país que hayan seleccionado para que el hombre done su esperma y se realice una fecundación in vitro, ya sea con los óvulos de la madre contratante o con los de una donante, y luego regresan a España.

Sánchez ha recalcado que una madre de alquiler no es nunca donante de óvulos, es decir, no aporta su material genético al bebé, un factor que permite después "la desvinculación legal".

Durante todo el embarazo, la madre de alquiler vive en apartamentos que ofrece la misma clínica médica en la que se realiza la fecundacióny, cuando nace el bebé, acude al consulado español para hacer la inscripción en el registro.

"Hace cuatro años, Estados Unidos era el primer destino y representaba un 80 % de todas las parejas españolas", ha informado Sánchez, quien ha agregado que actualmente sólo supone un 15 %.

Aunque el destino más frecuentado actualmente es Ucrania, donde hay clínicas que ofrecen un número ilimitado de implantaciones a precios cerrados, México está ganando protagonismo porque, a diferencia de Ucrania, esta práctica está permitida a homosexuales y solteros.

Según los expertos que participan en el encuentro, la contratación de madres de alquiler, en auge, debe parte de su éxito a las trabas burocráticas de la adopción, sobre todo internacional, que suele ser el último recurso después de haber intentado la fecundación in vitro y la adopción, aunque también cuenta el deseo de tener un hijo biológico.

"Si pudiéramos acudir a contratar vientres de alquiler en un país más cercano, pues iríamos", ha explicado el director de Subrogalia Diego Sánchez, quien ha recordado que en el Reino Unido, Grecia y Chipre está permitido, pero sólo para residentes y sin retribución a la madre de alquiler.

"En España tenemos un sistema de adopción muy garantista" con"más de 15.000 parejas en espera oficialmente inscritas en el registro para adoptar de 80 a 100 hijos al año", ha especificado Sánchez, que también ha puesto de relieve que la maternidad subrogada garantiza tener un bebé recién nacido.

Una de las principales dificultades a la hora de seleccionar el país donde se quiere contratar el vientre es la restricción a personas homosexuales o solteros que, según afirma Sánchez, ha ido en aumento cada vez en más países, a pesar de que la mayoría de parejas que buscan estos servicios son matrimonios heterosexuales.

"En 2012 nacieron más de 500 bebés de familias españolas en la India", ha revelado Sánchez, pero en diciembre nuevas normativas limitaron el acceso a la maternidad subrogada en este país a parejas que no llevaran casadas más de dos años, que ahora deben presentar un certificado del Gobierno español en el que figure que en España se permite esta práctica.

(Fuente: www.noticias.lainformacion.com)

Dinamarca suspende adopción de niños nigerianos tras conocerse nueva “fábrica de bebés”

"Hoy decidí suspender todas las adopciones de Nigeria, con efecto inmediato", declaró el ministro danés de la Infancia, la Igualdad de sexos, la Integración y Relaciones Sociales Manu Sareen en Twitter.

"Debemos hacer todo lo posible para proteger a los niños y aportar la serenidad a las familias", agregó en un comunicado distinto.

La decisión de Sareen fue motivada por un aviso de la agencia danesa que regula las adopciones, que consideró que es "ahora injustificado adoptar niños" oriundos de Nigeria, pues es "difícil garantizar un proceso de adopción "legal y ético".

El 22 de marzo, la policía nigeriana liberó a ocho jóvenes embarazadas que vivían en una casa cerca de Lagos utilizada como una maternidad ilegal, donde esperaban su parto para poder vender su recién nacido en 300.000 nairas (1.300 euros; 3'470.000 pesos colombianos) cada uno.

Este nuevo descubrimiento eleva a 125 el número de jóvenes ayudadas por la policía en las "fábricas de bebés" desde 2011. La mayoría de esas maternidades ilegales están en el sureste de Nigeria.

Los "compradores" son por lo regular parejas estériles. Los niños son vendidos más caros que las niñas.

La trata de seres humanos es generalizada en África del oeste, donde los niños son comprados a sus familias para trabajar en las plantaciones, minas, fábricas o como domésticas.

La nueva "Adopción Abierta", permitirá a los niños mantener contacto con su familia biológica.

En torno a 14.000 niños se encuentran en centros de acogida a la espera de la llegada una familia. Reducir ese número es uno de los objetivos de la futura legislación de protección de la infancia presentada este viernes en el Consejo de Ministros, que pretende, en los procesos de adopción o acogida, mantener al menor en la familia de origen, y si esto no es posible, buscar la mejor familia para cada niño. En ese sentido, la reforma prima las soluciones estables frente a las temporales, las familiares frente a las residenciales, las consensuadas frente a las impuestas y las nacionales frente a las internacionales.

El Gobierno apuesta por priorizar el acogimiento familiar. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pretende que los menores de tres años vivan con una familia sin que deban pasar por un centro, y en los casos en que haya más hermanos, se buscarán las opciones que permitan que estén juntos.

Por otra parte, en la propuesta presentada se simplifica la constitución del acogimiento, de forma que no será preceptiva la intervención de un juez, y se creará el Estatuto del Acogedor Familiar, en el que se recogerá el derecho de estos a ser oídos por la entidad pública antes de emitir cualquier resolución que afecte al menor. Las familias acogedoras recibirán valoraciones para su idoneidad, al igual que sucede con las adoptantes.

Tipos de acogimiento

Habrá tres tipos de acogimiento familiar:

-De urgencia (para menores de 6 años con una duración no superior a 6 meses).

-Temporal (duración máxima de dos años y se resolverá cuando se prevea la reintegración familiar del menor o la adopción de una medida más estable, como la adopción).

-Permanente (se constituirá pasados los dos años de acogimiento temporal y tendrá lugar cuando no sea posible la reintegración familiar o en casos de menores con necesidades especiales, si las circunstancias lo aconsejan).

Agilización de la adopción

Una vez entre el menor en el sistema de protección de las administraciones, se deberá elaborar un plan individual de atención, que se revisará cada tres, seis o doce meses en función de la edad del niño o la niña.

La reforma busca agilizar la adopción y se completarlo con más garantías. En este sentido, según explican fuentes del Ministerio, para menores en desamparo no será necesario el asentimiento de los padres biológicos si transcurren dos años sin que hayan intentado revocar dicha situación.

Iniciado el expediente, la tramitación seguirá adelante si los padres biológicos no comparecen tras la citación.

Además, se unifican los criterios para las familias adoptantes, entre los que el Ministerio subraya la imposibilidad de adoptar a quien esté privado de la patria potestad de un hijo.

Periodo de convivencia y adopción abierta

Otra de las novedades que se introducen es la posibilidad, antes de que la entidad pública proponga al juez el expediente de adopción, de que se inicie un periodo de convivencia entre el menor y la familia considerada idónea, de tal manera que los niños permanecerán siempre en una familia y se les evitará pasar por un centro de acogida.

También se establece un sistema de adopción abierta, es decir, la posibilidad de que el menor en adopción mantenga algún tipo de contacto con miembros de su familia biológica, en lo que el juez contará con el visto bueno de la familia de procedencia, de la adoptiva y del propio menor.

Asimismo, se reconoce el derecho de acceso a los orígenes de los niños adoptados, lo que podrán cursar una vez alcanzada la mayoría de edad o antes por medio de sus representantes. Según la reforma propuesta, podrán conocer datos como la identidad de sus padres, su historia médica o la de su familia, para lo cual las entidades públicas asegurarán la conservación de la información que dispongan durante al menos 50 años.

También se recogen medidas para las madres que deciden dar a su hijo tras el parto: deberán dar su consentimiento seis semanas después del nacimiento, y no en 30 días como hasta ahora, y no habrán de renovar dicho asentimiento transcurridos seis meses.

Además, los padres y madres que se ofrezcan para la adopción y acogedores tendrán derecho a ausentarse de sus puestos de trabajopara acudir a las sesiones informativas obligatorias y a las de valoración de su idoneidad, obligatorias ambas. Para ello será necesario modificar el Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto del Empleado Público.

Adopción internacional

También se introducen medidas sobre los procesos de adopción internacional para dotarles de mayor seguridad jurídica por cuanto se clarificará el ámbito competencial para dichos trámites. Así, la decisión de autorizar adopciones corresponderá a la administración general del Estado, al igual que asumirá la función de acreditar a las entidades colaboradoras de adopción internacional, las ECAI, previo informe de las comunidades autónomas.

(Fuente: ABC.es)

La ley exigirá el historial delictivo para poder trabajar con niños. (Adopción y Acogimiento en España: Modificación de Ley)

El Gobierno ha aprobado dos anteproyectos de ley que modifican el conjunto de leyes relacionadas con la protección de los menores, para agilizar los procesos de acogimiento y adopción y reforzar la protección de los menores ante situaciones de abusos sexualesy de violencia de género.

Entre otras leyes, se reforma el Código Civil, la ley orgánica de Protección Jurídica del Menor, la de Adopción Internacional y la Integral de Medidas contra la Violencia de Género para permitir el desarrollo de las medidas aprobadas en el Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016. Esta «ambiciosa» reforma «coloca en primer lugar el interés superior del menor, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros.

La nueva regulación impedirá que personas condenadas por delitos contra la libertad sexual o explotación de menores desarrollen trabajos que tengan contacto con niños y obligará a autoridades, funcionarios y profesionales a denunciar ante el fiscal los abusos que conozcan en el ejercicio de su profesión. Regula la adopción abierta que permitirá mantener la relación con los padres biológicos, reconoce a los menores como víctimas de violencia machista y evita que el menor víctima o testigo tenga que comparecer en varias declaraciones judiciales.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha destacado que los dos anteproyectos aprobados han sido fruto del consenso entre las comunidades autónomas y con la colaboración del ministerio de Justicia. Ha recordado que en España hay casi 35.000 menores que se encontraban bajo tutela o guarda de las administraciones, de los que 21.000 están en acogimiento y 14.000 esperan en residencias la llegada de una familia. Por primera vez, se definen en una norma de rango estatal las situaciones de riesgo y desamparo de los menores, que dará lugar a la tutela del menor por parte de la entidad competente.

Una vez superados dos años desde la declaración de desamparo, solo el Ministerio Fiscal podrá impugnarla, no los padres biológicos, y las entidades públicas podrán decidir cualquier medida de protección que consideren necesaria, como la adopción. Se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial, especialmente para menores de tres años y en los casos que haya más hermanos se buscarán las opciones que permitan que estén juntos. «Se trata de buscar la mejor familia para cada niño», ha dicho Mato.

(Fuente: ABC.es)

Cruz Roja recibe 425.000 euros para programas de acogimiento, adopción y acompañamiento hospitalario de menores (Badajoz)

BADAJOZ.- El director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, se ha reunido hoy con el presidente autonómico de Cruz Roja, Sebastián Julio Calvarro, con quien ha hecho balance de la labor desarrollada en este campo en 2013 y las líneas de actuación para este año, dentro de la colaboración que la Administración regional mantiene con esta institución humanitaria en el ámbito de atención a la infancia.

Durante el encuentro, el director general ha destacado el compromiso de la entidad con los colectivos más vulnerables, entre ellos la infancia, a fin de proteger a los niños y sus familias, velar por el cumplimiento de sus derechos y responder a sus necesidades.

Según ha explicado, con el fin de garantizar la mejor cobertura posible de las necesidades derivadas de la atención a los niños objeto de una medida de protección ante situaciones de desamparo, la Dirección General de Política Social y Familia complementa los recursos públicos de la Consejería de Salud y Política Social con los ofrecidos por esta asociación sin ánimo de lucro “con experiencia acreditada en la materia”.

Valoración, seguimiento e intervención

De este modo, en virtud de la subvención concedida, Cruz Roja Extremadura colaborará con al Dirección General en la ejecución del Programa de Acogimiento Familiar de Extremadura, interviniendo en las actuaciones necesarias para la evaluación psicosocial de los solicitantes, así como en el apoyo postacogida.

En el caso del Programa de Atención a Familias Adoptivas y Solicitantes de Adopción, esta entidad trabajará en la valoración psicosocial de las familias solicitantes y realizará el seguimiento de los procesos de acoplamiento y adaptación del menor a su nueva familia en los casos que así se determine, además de preparar a las familias declaradas idóneas con el fin de desarrollar sus habilidades a favor de proyectos de vida con niños adoptados.

En esta línea, Cruz Roja también intervendrán en el Programa de Postadopción, que está orientado al desarrollo de acciones de formación, orientación, apoyo e intervención en familias adoptivas residentes en la Comunidad Autónoma, así como en el Programa de Acompañamiento Hospitalario con el que, además de acompañar, se presta todo el apoyo emocional y social que requieran los menores del Sistema de Protección mientras están ingresados en un centro hospitalario.

Por último, en el marco de esta colaboración, Cruz Roja intervendrá también con el programa de apoyo a menores y sus familias ante ingresos en el Sistema de Protección.

(Fuente: Teleprensa.es)

El Estado coordinará las adopciones para frenar la desigualdad autonómica. (Adopción en España.)

Desde que en 1996 se elaboró la primera ley de protección jurídica del menor, la situación de los niños en nuestro país, al igual que en otros lugares del mundo, ha cambiado. De ahí que una de las principales misiones de la Dirección General de Servicios de Familia e Infancia haya sido la mejora de su articulado y hoy esa reforma pasa por la aprobación del Consejo de Ministros para arrancar su tramitación parlamentaria. El pasado mes de noviembre, Ana Mato, ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, ya avanzó durante la clausura del Congreso del Interés Superior del Niño la redacción de «una regulación estatal más compleja de las situaciones de riesgo y desamparo» del menor. Dos de las medidas que mejoran la calidad de vida de los menores son la adopción y el acogimiento y ambas se modifican en la nueva ley a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Uno de los puntos que más ralentizaba los procesos de adopción internacional es la descoordinación que, en muchas ocasiones, se ha dado al tener cada comunidad autónoma su propia Entidad Colaboradora en la Adopción Internacional (ECAI) y tramitar directamente con los países de origen los expedientes. «Es una reclamación que llevamos haciendo hace tiempo porque sí que se ha dado alguna situación de falta de coordinación. Recuerdo un caso en Filipinas, que se mueve por cupos por países, y que otorgó diez niños a España y, en lugar de enviar los diez expedientes correspondientes a nuestro país, acabó remitiendo 170, diez por cada autonomía, y esto no hizo más que ralentizar el proceso y enfadar a las familias», afirma Adolfo García, Coordinador General de CORA (Federación Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento). Es para evitar casos como éste por lo que uno de los artículos del nuevo anteproyecto otorga a la Administración General del Estado las atribuciones de cierre y apertura de países para adoptar, así como la facultad de acreditar las ECAI que, de acuerdo con el articulado, pasarán a denominarse «organismos acreditados». De este modo se consigue una mayor homogeneidad en las acreditaciones y suspensiones de las ECAI, porque será el propio Ministerio, siempre contando con las 17 comunidades autónomas –ya que éstas tienen transferidos los servicios sociales y de familia–, el que decida suspender o acreditar a estas organizaciones para trabajar en los países de origen de los menores. «Es necesario que se cree un órgano común no tanto porque las ECAI no trabajen bien, sino para asegurar el éxito de las adopciones en los países donde las normas no son tan estrictas y, en muchos casos, no se rijan por el Convenio de La Haya que regula la adopción internacional», añade Mara Cuadrado, psicóloga clínica experta en Familia e Infancia. Hasta ahora, en la reunión de directores generales a la que acuden representantes de las 17 autonomías se determinaba qué países se abrían para la adopción y cuáles no. Ahora se busca que el nuevo organismo ayude a coordinar mejor estas decisiones.

Pero esta nueva medida de control no es la única que incluye la reforma. Este diario ya adelantó la posibilidad que barajaba el Ministerio de incluir la adopción abierta, es decir, que pueda existir algún tipo de contacto entre el menor adoptado y su familia biológica. Expertos en esta área como el catedrático de Psicología Jesús Palacios ven con buenos ojos esta posibilidad, aunque «siempre que se adecúe a aquellos casos en los que se considere una alternativa apropiada». Así, en el artículo 178 se plantea «la posibilidad de que pueda mantenerse alguna forma de relación o contacto con la familia de procedencia. Para ello será necesario que en la resolución de constitución de la adopción así se acuerde con el juez, a propuesta de la entidad pública, previa valoración positiva en interés del menor por los profesionales de esa entidad pública, y consentido por la familia adoptiva y el menor que tenga suficiente madurez y, en todo caso, si tiene más de 12 años». Así, para crear esta figura, el Gobierno se ha basado en la legislación de países como EE UU, Gran Bretaña o Austria, donde en algunos casos se habla de «acuerdo privado entre partes», mientras que en otros es necesaria la confirmación del juez. Fijar una edad máxima para los padres que decidan adoptar también ha sido una reclamación de los expertos . «Se han adoptado niños cuyas madres, al llegar a la adolescencia, son demasiado mayores como para lidiar con esta etapa», afirma Cuadrado. De ahí que se haya fijado los 45 años como edad máxima entre ambos.

(Fuente: Larazon.es)

El Consejo de Ministros verá mañana la reforma de la legislación de protección a la infancia. Adopción en España.

     La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, propondrá este viernes al Consejo de Ministros la aprobación de dos anteproyectos de ley que habrán de modificar la legislación de protección a la infancia vigente en España, tocando diversas leyes, desde la normativa relativa a adopciones hasta la de violencia de género.

   Según han explicado fuentes de este departamento, se trata de dos anteproyectos que bajo los nombres de Ley Orgánica de Protección de la Infancia y Ley de Protección de la Infancia tendrán impacto sobre distintos aspectos relacionados con los menores en el cuerpo normativo actual.

   Destaca en este ámbito la modificación del título I de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incorporar a los menores como sujetos de amparo de la norma frente a los delitos que persigue.

   Asimismo, los anteproyectos, elaborados con distintos ministerios y participación de ONG y comunidades autónomas, modifican la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, el Código Civil, la Ley de Adopción Internacional y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

   Entre otros cambios, recogerá algunos ya anunciados como limitar la guardia voluntaria de menores a dos años al cabo de los cuales se podrá declarar el desamparo del niño para que entre en la red de acogida; primar precisamente que el acogimiento de menores de 0 a tres años se haga en familias y no en instituciones y facilitar esta intervención familiar eliminando la hasta ahora preceptiva intervención judicial.

   Se creará la figura de la guarda con fines de adopción, se agilizarán los procedimientos, se prohibirá que padres de hijos tutelados por la administración puedan ser declarados idóneos para adoptar y que quienes hayan devuelto a un menor por un proceso de adopción frustrado puedan volver a hacerlo.

(Fuente: Europa Press)