La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobará previsiblemente el próximo miércoles el proyecto de ley de protección a la Infancia y a la Adolescencia, como paso previo a su refrendo por el Pleno de la Cámara Baja antes de ser enviada al Senado dado su carácter orgánico. El objetivo del Gobierno es que la ley entre en vigor en julio.
Fue a mediados de abril cuando tuvo lugar el debate de las enmiendas de totalidad de CiU y ERC, que pedían la retirada de estos textos legales por cuestiones competenciales; dos propuestas que el PP rechazó. Así, el próximo miércoles, y tras una larga sesión de control al Gobierno y debate de iniciativas legislativas, comenzará a media tarde el debate de las 432 enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios al articulado de la norma.
REFORZAR MEDIDAS CONTRA LOS PEDERASTAS
En ese debate de abril en la Cámara, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, defendió su disposición a alcanzar el máximo acuerdo con los grupos de la oposición durante el trámite parlamentario. Según subrayó, esta ley va a modificar hasta una docena de normas vigentes, con el objetivo de configurar un sistema de protección a la infancia y la adolescencia "acorde a la realidad actual".
Durante el trámite parlamentario, Alonso aseguró que se iban a reforzar las medidas contra los pederastas, de acuerdo con el convenio del Consejo de Europa de Lanzarote, para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual.
Se establece el requisito de no haber sido condenado por abusos o explotación infantil para acceder a profesiones que impliquen contacto frecuente con niños, además de que se modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas para asegurar que conserven el título mientras al menos uno de los hijos tenga menos de 21 años o 26 si está estudiando.
A falta de aprobación, el PP, entre sus propuestas de enmienda al articulado, ha planteado la creación en España del primer Registro Central de delincuentes sexuales, que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, explotación de menores, e información sobre su perfil genético de ADN, y que además será confidencial.
ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO
Entre las principales novedades de la ley, Alonso también destacó que se iban a agilizar los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores de tres años, permanezcan con una familia. A su vez, aseguró que se iba a imposibilitar la adopción para aquellos que estuvieran privados de la patria potestad.
Además, indicó que con esta norma se crea la adopción abierta, que permitirá al menor mantener alguna clase de contacto con su familia biológica siempre que lo establezca un juez, y con el visto bueno tanto del propio adoptado como de las familias de procedencia y adoptiva.
Igualmente, apuntó que iba a regularse el derecho al acceso a los orígenes de los adoptados, de forma que las entidades deberán conservar la información sobre el menor durante al menos 50 años.
VIOLENCIA DE GÉNERO, CENTROS DE MENORES Y TRATA
A su vez, resaltó que la reforma iba a reconocer como víctimas de la violencia de género a los menores y prevé que puedan permanecer con sus madres.
La reforma regula por primera vez los centros para menores con problemas de conducta. Sobre este tema, entre las propuestas del PP al texto del Gobierno destaca una por la que se permitiría que las comunidades autónomas dejasen de tutelar a un niño al que tienen bajo su protección si, tras fugarse del centro de menores, lleva más de seis meses en paradero desconocido.
Alonso explicó asimismo que la reforma renueva el marco de protección de los menores, en especial de los que se encuentran en una situación más vulnerable; como el caso por ejemplo de los mejores extranjeros, a los que se les reconocerán los derechos a la educación, asistencia sanitaria y acceso a los servicios sociales en las mismas condiciones que los españoles. A los menores con discapacidad se les garantizará plena accesibilidad, así como unos servicios sociales especializados y adaptados.
El PP ha propuesto a su vez una modificación de la Ley de Extranjería a fin de ampliar de 30 a 90 días el periodo de restablecimiento y reflexión que se concede a las víctimas de trata con fines de explotación para que decidan si colaboran o no con la justicia en la investigación de los delitos cometidos contra ellos.
Por otro lado, el PP sugiere en esta ley una reforma de la Ley para la Mejora del Crecimiento y el Empleo de 2006 para bonificar durante un máximo de dos años a quienes contraten temporal o indefinidamente a víctimas de trata de seres humanos.
PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN
Por parte del PSOE, que ha presentado 80 enmiendas al texto, solicita inversión para el desarrollo de esta ley que, según su portavoz en la materia, María Luisa Carcedo, el Gobierno no la contempla.
A su vez propone que la pobreza no pueda ser una razón para la declaración de desamparo del menor, ni para quitar la patria potestad a los padres, con la consiguiente separación familiar. "Hay que solucionarla de otra manera, ayudando a las familias, no quitando a los hijos", ha avisado, al mismo tiempo que pide incluir en la ley, para evitar con posterioridad una situación de desapamaro de un recién nacido, el que se informe a la madre de la posibilidad de abortar, de acuerdo con la legislación vigente.
Junto con el PP coinciden en sus enmiendas en la necesidad de que las familias de acogida gocen de una prestación económica o ayuda similar. El PSOE pide para ellas también asistencia jurídica gratuita.
Por parte de CiU, Carles Campuzano, mantiene su "queja competencial" y pide que sigan siendo las comunidades las que decidan los países donde adoptar y acrediten a las entidades para ello, a la vez que propone la supresión del copago para aquellas familias que acojan a menores y se les dé preferencia a la hora de matricular al niño en un centro escolar.
Desde UPyD se ha presentado una batería de enmiendas entre las que resalta la inclusión en el texto del Gobierno de una nueva disposición adicional para crear una Ley Orgánica de Transexualidad que "garantice los servicios y prestaciones" de los menores en toda España.
Josep Pérez Moya, de la Izquierda Plural, ha centrado parte de sus enmiendas en la materia competencial, ya que considera que invade competencias a Cataluña. Por otro lado, pide reforzar los derechos del menor y de las familias, planteando que el elemento de pobreza no sea causa de desamparo ni de separación familiar.
(Fuente: EUROPA PRESS)
