Cruz Roja recibe 425.000 euros para programas de acogimiento, adopción y acompañamiento hospitalario de menores (Badajoz)

BADAJOZ.- El director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, se ha reunido hoy con el presidente autonómico de Cruz Roja, Sebastián Julio Calvarro, con quien ha hecho balance de la labor desarrollada en este campo en 2013 y las líneas de actuación para este año, dentro de la colaboración que la Administración regional mantiene con esta institución humanitaria en el ámbito de atención a la infancia.

Durante el encuentro, el director general ha destacado el compromiso de la entidad con los colectivos más vulnerables, entre ellos la infancia, a fin de proteger a los niños y sus familias, velar por el cumplimiento de sus derechos y responder a sus necesidades.

Según ha explicado, con el fin de garantizar la mejor cobertura posible de las necesidades derivadas de la atención a los niños objeto de una medida de protección ante situaciones de desamparo, la Dirección General de Política Social y Familia complementa los recursos públicos de la Consejería de Salud y Política Social con los ofrecidos por esta asociación sin ánimo de lucro “con experiencia acreditada en la materia”.

Valoración, seguimiento e intervención

De este modo, en virtud de la subvención concedida, Cruz Roja Extremadura colaborará con al Dirección General en la ejecución del Programa de Acogimiento Familiar de Extremadura, interviniendo en las actuaciones necesarias para la evaluación psicosocial de los solicitantes, así como en el apoyo postacogida.

En el caso del Programa de Atención a Familias Adoptivas y Solicitantes de Adopción, esta entidad trabajará en la valoración psicosocial de las familias solicitantes y realizará el seguimiento de los procesos de acoplamiento y adaptación del menor a su nueva familia en los casos que así se determine, además de preparar a las familias declaradas idóneas con el fin de desarrollar sus habilidades a favor de proyectos de vida con niños adoptados.

En esta línea, Cruz Roja también intervendrán en el Programa de Postadopción, que está orientado al desarrollo de acciones de formación, orientación, apoyo e intervención en familias adoptivas residentes en la Comunidad Autónoma, así como en el Programa de Acompañamiento Hospitalario con el que, además de acompañar, se presta todo el apoyo emocional y social que requieran los menores del Sistema de Protección mientras están ingresados en un centro hospitalario.

Por último, en el marco de esta colaboración, Cruz Roja intervendrá también con el programa de apoyo a menores y sus familias ante ingresos en el Sistema de Protección.

(Fuente: Teleprensa.es)

El Gobierno, a punto de legalizar la figura del profesional para acoger menores tutelados

Cuando la Ley de protección del Menor está a punto de cumplir la mayoría de edad (es del año 1996), el Gobierno ultima los flecos de dos anteproyectos de ley que actualizarán la protección a la infancia. Prevista su aprobación para comienzos de 2014, las normas incluyen importantes reformas en el sistema español de adopción y de acogimiento de menores en riesgo y desamparo, cifrados en unos 40.000 niños en España.

El último borrador de la nueva ley —al que ha tenido acceso 20minutos— legaliza la figura del acogedor familiar profesionalizado, autoriza en España la novedosa "adopción abierta" (en la que el menor adoptado mantiene vínculos con su familia biológica) y considera "imprescindible" que todos los menores de tres años salgan de las residencias públicas para ser atendidos en un entorno familiar.
     
En espíritu, el anteproyecto de ley orgánica de actualización de la legislación de la protección de la infancia pretende adaptar la legislación a los "importantes cambios sociales que inciden en la situación de los menores". Para su aprobación, deberán modificarse, entre otras disposiciones, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
     
Las que siguen son las principales novedades de los anteproyectos que emanan de las propuestas que hizo, en 2010, la Comisión Especial de Estudio de la Problemática de la Adopción Nacional y otros Temas Afines en el Senado: 
     
Riesgo y desamparo, incluso prenatal: La norma nueva establece una regulación más completa de las situaciones de riesgo y de desamparo a nivel estatal, que sirva de base para todas las Comunidades Autónomas, que son las que gestionan la atención a los menores tutelados. 
     
Se considera riesgo la carencia o conflicto familiar o social que perjudique el desarrollo del menor, y por primera vez tiene en cuenta el riesgo de desamparo de los no nacidos. A tal efecto, entiende por situación de riesgo prenatal "la falta de cuidado físico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo". 
     
La situación de pobreza de los padres "no será en ningún caso la única circunstancia para valorar la situación de desamparo", especifica la norma. 
     
Guarda voluntaria: La ley reconoce una nueva realidad, la de los menores que ingresan en centros de protección a petición de las propias familias ante "situaciones muy conflictivas derivadas de problemas de comportamiento agresivo, inadaptación familiar y graves dificultades para ejercer la responsabilidad parental". Estos menores, según la nueva ley, recibirán atención en centros específicos para ellos y su internamiento deberá contar con autorización judicial. Esta guarda no podrá superar, salvo excepciones, los dos años. Después podrá solicitarse el desamparo del menor. 
     
Acogimiento profesional: Los menores en desamparo entran directamente en el sistema español de protección de menores, en manos de las Comunidades Autónomas. La nueva ley simplifica el acogimiento familiar, aunque exige que se valore la idoneidad de los acogedores. Acepta dos tipos de acogimiento, y los define: en familia extensa del menor o en familia ajena, "pudiendo el segundo caso ser profesionalizado". 
     
El acogimiento profesionalizado es "el que se  desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros son profesionales con cualificación y formación específica para abordar el desempeño de esta función con menores con necesidades o circunstancias especiales de tipo físico, psicológico o de ambas, con plena disponibilidad y percibiendo por ello la correspondiente remuneración económica".
     
Varias Comunidades Autónomas, como País Vasco o Cataluña, ya tienen programas de acogimiento familiar profesionalizado. Pero el asunto es muy polémico. Hay expertos que consideran que la Administración debe favorecer económicamente a las familias acogedoras de niños con dificultades, pero algunos dudan de que la figura del acogedor profesional beneficie al menor.

En Cruz Roja —organismo que lleva casi 25 años trabajando en el ámbito del Acogimiento Familiar, con una implantación territorial en 20 provincias del Estado— el acogimiento profesional genera interrogantes serios. "¿Qué pasará cuando el acogido cumpla la mayoría de edad? ¿Cómo se establecen los descansos laborales de los cuidadores? Todo eso hay que preverlo". La ONG apuesta por la inversión pública "en formación, apoyo técnico y en ayudas económicas a las familias que acogen" sin que "el acogimiento se convierta en una fórmula para abaratar costes al Estado en la protección a la infancia". 
     
Otros, sin embargo, sí apoyan la regularización del tutor profesional: "Estamos a favor de que se regule porque si no habría niños con necesidades especiales que nunca tendrían acceso al recurso familiar", asegura Concha Cuéllar, miembro de la junta directiva de Aldaima (la agencia que promueve la adopción familiar en Granada). En su opinión, si no fuera por la figura del profesional los menores con este tipo de necesidades "se quedarían en centros de acogida hasta la mayoría de edad".            

Menores de 3 años: Otra de las novedades que recoge el anteproyecto de ley es la prioridad del acogimiento familiar frente al residencial. El borrador lo califica como una disposición "ambiciosa" cuyo fundamento es que los menores necesitan un ambiente familiar para su mejor desarrollo. Se marca como objetivo común dar una familia a cada menor de seis años tutelado, resultando "imprescindible" para los menores de tres años. En la actualidad, según Sanidad, hay 14.000 niños en residencias de tutelados. 
     
Asimismo, se agilizan los trámites y se redefinen las modalidades de acogimiento familiar: urgentes (menos de seis meses), temporales (hasta los dos años) y permanentes (más de dos años). Además se da permiso a las entidades públicas para atribuir la tutela a las familias acogedoras permanentes, algo que no contempla la ley actual. También se redacta una carta de derechos y deberes de los acogedores y de los acogidos. 
     
Adopción abierta: La norma introduce una nueva figura, la adopción abierta. A pesar de que en las adopciones se "extinguen los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen", se podrá mantener alguna relación o contacto. Para ello será necesario que lo autorice un juez. 
     
La adopción abierta, según el borrador, es una legislación establecida en diversos países (EE UU, Gran Bretaña, Austria, Canadá o Nueva Zelanda). En algunos casos se trata de un acuerdo privado con la supervisión de las entidades públicas, mientras en otros casos, como la propuesta española, deberá ser confirmado por un juez. 
     
Hijos de víctimas de la violencia de género: La ley nueva estipula que se procure mantener la tutela o guarda de menores a las víctimas de violencia de género, aunque este aspecto se ampliará en otras leyes diferenciadas. 

Menores extranjeros: Hasta ahora solamente se concedía la residencia en España a los menores que habían llegado al país no acompañados. Esto excluía la posibilidad de otorgar la residencia a los menores cuya tutela había sido retirada a sus familias por desamparo.

     
Una norma "en beneficio del interés del menor" Los expertos consultados por 20minutos consideran que, en general, la nueva norma redunda en beneficio del interés del menor. De  hecho, la ley exige que se escuche la opinión de los menores en todos los procesos, sobre todo a partir de los 12 años. Además, reconoce la labor de las familias de acogida, al establecer plazos a las reposiciones de menores que deben retornar a las familias de origen, una transición casi siempre delicada.
(Fuente: 20 minutos.es)

El Gobierno de Navarra lanza una campaña para buscar familias que quieran acoger en sus hogares a menores desprotegidos

La Comunidad foral contabiliza en la actualidad 537 menores en situación de desprotección grave
PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Navarra comenzará este martes una campaña con el objetivo de encontrar familias dispuestas a acoger en sus casas a menores en situación de desprotección o de conflicto social que necesitan ser cuidados durante un periodo de tiempo.
Se trata de menores de edad que han vivido situaciones difíciles, como malos tratos, situaciones de abusos graves o de abandono y desatención, que les han llevado a ser separados de sus progenitores.
La campaña, cuyo lema es 'No hay nada más frágil que un menor sin la protección de su familia' y que cuenta con la colaboración de la Obra Social La Caixa y la Fundación Caja Navarra, ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por la directora gerente del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI), Teresa Nagore, quien ha explicado que el "reto" que se ha fijado el Ejecutivo foral es encontrar a 50 familias dispuestas a acoger a menores.
En la actualidad, ha detallado Nagore, en Navarra hay 537 menores en situación de desprotección grave. De ellos, 292 están acogidos en centros residenciales y 245 en familias, bien con parientes próximos (152 menores) o en otras familias (100). En los tres últimos años se ha incrementado el número de estos menores y en 2012 ya fueron más los acogidos en residencias que en familias.
La intención del Gobierno foral, ha subrayado, es que el mayor número posible de menores desprotegidos estén acogidos en familias, en vez de en centros residenciales, al ser "el entorno más adecuado para su desarrollo, especialmente en los casos de los menores de seis años".
"Es mejor el acogimiento familiar que el residencial porque con las familias se crea un vínculo emocional y se favorece el desarrollo físico y emocional de los menores", ha resaltado Teresa Nagore, para destacar que, además, ofrece a los niños "una calidad de vida mejor".
El acogimiento, ha explicado la directora gerente del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, es una medida temporal hasta que desaparezca la causa que originó la desprotección del menor y pueda regresar, si es posible, a su familia de origen. Según los casos, la estancia en la familia de acogida se puede prolongar desde los tres meses hasta, incluso, el momento en el que el menor alcance la mayoría de edad.
Teresa Nagore ha precisado que el acogimiento "no equivale a la adopción de estos menores", ya que el niño o niña acogido "no sólo conserva a sus padres durante su estancia en otra familia, sino que éstos le continuarán viendo mediante un régimen de visitas".

TIPOS DE ACOGIMIENTO

El Instituto Navarro para la Familia e Igualdad prevé hasta cinco modalidades de acogimiento diferentes con el fin de poder elegir el más apropiado para cada situación. Se trata del acogimiento simple, que tiene una duración inferior a los dos años, periodo en el que se espera que el menor pueda volver con sus padres; el acogimiento permanente, que puede durar hasta la mayoría de edad del niño debido a que se prevé difícil el retorno del menor a su familia de origen; y el acogimiento de urgencia, dirigido a menores de hasta seis años y con una duración máxima de seis meses.
Además, a partir del próximo año se pondrán en marcha en la Comunidad foral el acogimiento profesionalizado, destinado a menores con necesidades y situaciones especiales y cuyos acogedores deben ser personas con cierta titulación y experiencia; y el acogimiento de fin de semana y periodos vacaciones, dirigido a niños mayores que necesitan la referencia de una familia aunque no implique una convivencia estable.

REQUISITOS DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS

Las familias acogedoras deben reunir unas condiciones básicas como son la capacidad para dar afecto y apoyo a sus miembros, contar con una estructura bien integrada, capacidad para transmitir normas sociales y valores o disfrutar de un entorno favorable a la integración del menor. Asimismo, la motivación de la familia acogedora debe de estar basada en la solidaridad y no en posibles carencias afectivas o económicas.
Deben ser también individuos o parejas con suficiente madurez personal y estabilidad, que tengan una salud adecuada, que lleven una vida estable y que dispongan de medios suficientes. Es necesario que residan en Navarra, salvo en situaciones especiales del menor, que muestren una actitud de colaboración con los profesionales del sistema de protección, que respeten la historia personal del niño o niña y que acepten las relaciones con su familia biológica.
Finalmente, es necesario que las familias asuman la responsabilidad de atender y criar al menor, que dispongan del tiempo necesario y que tengan claro que el objetivo final no es la adopción del niño o niña.
El acogimiento familiar entraña una serie de dificultades como pueden ser afrontar las vivencias del menor, las visitas de sus padres o que las familias acogedoras no disponen de libertad para adoptar cualquier decisión respecto a estos niños.
Por este motivo, y mientras dure el acogimiento, el INAFI ofrece a las familias acogedoras apoyo técnico y la formación necesaria, tanto antes de comenzar el proceso como al concluirlo. Asimismo les da una compensación económica mensual para paliar los gastos del acogimiento y otras extraordinarias para hacer frente a posibles intervenciones o tratamientos no cubiertos por los servicios públicos.

(EuropaPress)

Carrón apuesta por el acogimiento familiar para cubrir las necesidades de los menores en situación de desamparo.

El consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha puesto en valor la figura del acogimiento familiar como medida idónea para la atención a los niños que se encuentran en situación de desamparo.

Se trata así de una medida que el Gobierno extremeño impulsará con modificaciones normativas, campañas de difusión y un fin, "cubrir las necesidades de estos menores en el mejor entorno posible".
Hernández Carrón ha lanzado este mensaje en Badajoz, donde este sábado ha inaugurado el primero de los cuatro encuentros de familias acogedoras que durante este mes y septiembre se celebrarán en la comunidad, y que ha contado con la participación de 113 adultos y 84 menores.
Al acto también han asistido el director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, y el presidente autonómico de Cruz Roja, Sebastián Calvarro, informa en nota de prensa el Gobierno regional.
"Es éste quizás uno de los mayores retos a los que puede enfrentarse una familia cuando toma la decisión de acoger, pero también proporciona las mayores satisfacciones y recompensas, sin ninguna duda", ha manifestado el consejero durante su intervención.
Tras resaltar que la familia es el medio "idóneo" para el crecimiento y bienestar físico y emocional de los niños, ha explicado que los menores que se integran en familias no constituidas por sus padres biológicos encuentran "un ambiente que les garantiza una atención adecuada, salvaguardando sus derechos, cubriendo sus necesidades, y permitiendo su desarrollo". Paralelamente, ha añadido, se interviene con la familia natural para ayudar a resolver las circunstancias que provocaron la separación.
Por ello, ha hecho un llamamiento a todas las familias que bien se están planteando la figura del acogimiento, o bien ni siquiera la conocen, dado que el objetivo del Ejecutivo es seguir incrementando la red de familias acogedoras, "quienes tendrán todo el apoyo y asesoramiento necesario para emprender este proceso".

MÁS DE 300 NIÑOS ACOGIDOS

Extremadura cuenta con 301 menores acogidos por familias extensas, con las que mantienen algún tipo de parentesco, mientras que otros 15 están acogidos por familias ajenas con las que no existen estos vínculos.
Con ello, ha explicado el consejero, se evita la institucionalización de los niños y adolescentes en centros de acogida y la "etiqueta" de menores tutelados aunque, ha añadido, "aún es mucho mayor el número de menores en estos centros que los acogidos".
Por ello, ha dicho que pretende "invertir esta tendencia, fomentando el acogimiento como forma natural de atención al menor", para lo que --ha añadido-- se está trabajando en la elaboración de un decreto específico sobre acogimiento familiar, dado que en la actualidad este procedimiento está regulado conjuntamente con el de adopción.
Entre otras cuestiones, se regularán los diferentes tipos de acogimiento familiar, los derechos y obligaciones tanto de la familiar biológica como de la acogedora y los del propio menor, "que dispondrá de un interlocutor único con la administración", según ha adelantado el consejero, que ha aplaudido el trabajo de Cruz Roja por su colaboración con el Gobierno extremeño en esta materia.
Tras la inauguración de las jornadas, se ha dado paso a la conferencia titulada 'Educar, un arte o una práctica cotidiana', a cargo del psicólogo Carlos Pajuelo Morán, y a sesiones de trabajo en grupo con las familias, mientras que los niños y jóvenes participantes han disfrutado de actividades de educación en valores y ocio y tiempo libre.
(Fuente: www.noticias.lainformacion.com)

Plan de Infancia y Adolescencia: se agilizarán trámites para acogimiento y adopción en España

     Hogares frente a centros. Familias frente a instituciones. El Gobierno agilizará los trámites para el acogimiento y la adopción de menores. La medida, que se recoge en el Plan de Infancia y Adolescencia que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, trata de evitar que los menores que están en situación de desamparo —es decir, cuya tutela se ha retirado a su familia biológica— u orfandad vivan en un centro y puedan residir, directamente, con una familia. De los 35.000 niños y adolescentes que las Administraciones tienen bajo su guarda o tutela, alrededor de 15.000 viven en instituciones. Para favorecer su acogida, los trámites previos al proceso serán administrativos y no judiciales, como hasta ahora; y se buscará apoyo en familias de emergencia, que ya existían en algunas autonomías. Además, se regulará por primera vez la figura de la adopción abierta, una fórmula en la que los menores siguen manteniendo el contacto con sus padres biológicos.
     “Se trata de priorizar las soluciones familiares de acogimiento y de adopción frente a las residenciales”, ha explicado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, cuyo departamento ha elaborado el Plan de Infancia. Un proyecto —amplio y con medidas en todos los campos— que plantea la reforma de la Ley de Protección Jurídica del Menor y del Código Civil. En España, es decisión de las Administraciones declarar a un menor en desamparo —porque los padres no son capaces o no pueden cuidarlo—, tras lo que asume su tutela. En ese momento, la opción para el niño es ir a un centro o a una familia de acogida. Para enviarle a un hogar, se necesita el permiso explícito de la familia biológica o el de un juez. Con la nueva regulación, lo decidirá la Administración, consientan o no los padres.

     La Administración decidirá, y no el juez, si el niño va a un hogar

     “El ser humano está hecho de una materia que necesita el beso de buenas noches, el abrazo de la familia... Por mucho que quieran ponerle ganas y cariño, los trabajadores de los centros no pueden darles eso a los niños”, apunta Paloma Fernández, presidenta de ASEAF. “Los menores necesitan además el sentimiento de pertenencia a una familia para formarse como personas”, añade. Por eso, esta organización ve con muy buenos ojos las medidas destinadas a promover el acogimiento y la adopción.
     Salomé Adroher, directora general de Servicos para la Familia y la Infancia del ministerio, explica que la nueva regulación —que trata de unificar un panorama normativo diverso de 17 autonomías— contempla, además, que los menores de tres años no lleguen a pisar nunca un centro, “salvo en casos de imposibilidad o que no convenga a su interés”. Para ello, los niños podrán ir a una de las familias denominadas de emergencia o recurrir a la figura de la guarda con fines de adopción. Un ejemplo: si una madre renuncia a su hijo en el hospital, la Administración podrá entregar a ese niño a una familia a través de esa figura, e iniciar el trámite de adopción; el menor no tendrá que ir a un centro mientras el juez decide. “Buscamos que los instrumentos de protección sean ágiles y también potenciar las soluciones permanentes frente a las temporales”, explica Adroher. En esta línea, este proyecto de ley —que será estudiado ahora por las autonomías y luego volverá al Consejo de Ministros— establece dos tipos de acogimiento: temporal, hasta dos años; y permanente, que no tiene plazo y que puede ser la antesala de la adopción. Si se prevé que el niño va a estar más de dos años a cargo de la Administración se le buscará una solución definitiva.
     Actualmente, desde que el menor se declara en desamparo tienen que transcurrir dos años para que las Administraciones puedan proponer su adopción; aunque se considere que esa situación de desamparo es irreversible. Se prevé que ese plazo desaparezca con la nueva regulación. Esta también establecerá un código de derechos y deberes de los acogedores: tendrán, por ejemplo, derecho a ser oídos antes de que las autoridades adopten cualquier resolución que afecte a los menores a su cargo, así como a relacionarse con el menor una vez que el acogimiento finalice, si es que se considera que esa relación beneficia al interés del menor. Un punto que Fernández considera importantísimo. 
     “Durante la convivencia se crean vínculos y referencias, se construye una base muy sólida de cariño que no se debería romper cuando el menor vuelve con su familia biológica”, dice.

Unos 35.000 menores están bajo guarda o tutela pública en España

     La directora general de Familia e Infancia explica que los anteproyectos de ley —elaborados por Sanidad y Justicia— incluyen la creación de un sistema de información sobre cuántos niños están bajo tutela de las Administraciones y en qué circunstancias. Se establecerá, además, la obligación legal de revisar las medidas impuestas cada cierto tiempo: cada tres o seis meses, en función de la edad. Un punto que evitará que la situación de los menores se cronifique y que permanezcan, por ejemplo, durante años en un centro sin que se reexamine su caso.
     El Plan de Infancia y Adolescencia recoge también una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de familias de acogida y adopción: la regulación de la adopción abierta. Una figura que existe en otros países, sobre todo anglosajones; en algunos, se organiza a través de acuerdos privados entre la familia biológica y la de acogida; en otros, con medidas judiciales. En España será el juez quien, a propuesta de la entidad pública de protección, y si hay consentimiento de las partes, establezca esta posibilidad y las condiciones. Una opción para que los menores puedan mantener el contacto con su familia biológica, a pesar de haber sido adoptados por otra. La idea del ministerio es que esta posibilidad estimule la adopción de los niños mayores de siete años a quienes muchas veces es difícil encontrar una familia, porque la biológica se niega a perderlo. “Se trata de buscar soluciones pactadas frente a impuestas y fórmulas para el entendimiento de las partes; y animar a las familias biológicas a consentir la adopción sabiendo que podrán mantener el contacto con sus hijos”, explica Adroher.
     Fernández remarca que esta fórmula puede funcionar a través de un régimen de visitas acordado por el juez y pactado entre las partes, y que puede lograr reducir el número de menores institucionalizados. “Así se atiende al bien superior del menor”, dice. En este sentido también, la nueva regulación tratará de unificar la edad máxima de idoneidad de los adoptantes, ahora dispar entre autonomías. Se establecerá así que la diferencia de edad entre adoptante y adoptado no sea mayor de 50 años. “Se busca que los adoptantes sean padres y no abuelos”, incide Adroher
(Fuente: El País.com).