Este jueves ha sido un día importante para los menores y adolescentes de Castilla-La Mancha, que van a ver sus derechos y obligaciones ampliadas gracias a la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia, que se ha aprobado en las Cortes regionales después de dos años de trabajo. Y se ha hecho finalmente sin el apoyo del PSOE, que se abstuvo, mientras que el PP y un gran número de colectivos relacionados con el menor, que han participado en la redacción del texto y que estuvieron presentes en el Parlamento, destacaron la «mejora» que ofrece esta normativa.
Según ha señado el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, «el objetivo fundamental es reforzar la protección de los menores, niños y adolescentes, y la ley dota de nuevas herramientas». Además, ha dicho, se trata de una normativa que incluye algunos «aspectos novedosos y pioneros» en cuestiones como la adopción, ya que contempla como requisito para poder adoptar no tener antecedentes penales relacionados con la seguridad vial con menores. O que, por primera vez, se distingue entre niño y adolescente, que repercutirá en la forma de utilizar los recursos de protección en los centros de acogida.
Echániz ha insistido en la «necesidad» de esta nueva normativa, puesto que la la actual ley del año 1999 se ha quedado, en muchos aspectos, «obsoleta», y ha querido destacar la «alta participación» de numerosos colectivos y expertos en su elaboración. «Se ha tenido en cuenta la opinión de jueces y fiscales, profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha o entidades que trabajan con los menores, como Aldeas Infantiles o Accem», ha aseguradi.
La nueva ley reconoce a los menores derechos como tener relación con los abuelos, hermanos u otros parientes, siempre que sea beneficioso para sus intereses. Y en relación a la adopción, la futura Ley de la Infancia y la Adolescencia es pionera al contemplar como requisito para optar a ella que los padres no tengan antecedentes penales relacionados con la seguridad vial con menores.
Otro de los artículos destacados de la ley es el número 13, el referido al derecho a la protección de la salud. Dentro se incluye un punto que dice que «los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para que se garantice la asistencia sanitaria y la protección de la salud del ‘nasciturus’». En relación a esto, la diputada socialista, Matilde Valentín, dijo que la normativa «obedece a criterios ideológicos y religiosos».
Deberes de los menores
Pero la ley no sólo regula los derechos de los menores, también sus deberes. Y en este apartado tienen especial protagonismo las nuevas tecnologías. Así, la futura ley establece deberes de los niños y adolescentes en relación con el uso responsable de estos dispositivos y recursos, como un mecanismo de autoprotección, y con el fin de que aprendan a hacer buen uso conociendo sus consecuencias. En el ámbito familiar serán los padres los responsables de poner los límites y en el educativo se da libertad a los colegios para que regulen su uso.
También la ley considera en su texto un «tercer perfil» de protección para aquellos menores o adolescentes que presentan dificultades graves para la convivencia. Así, se regula la conducta inadaptada, sobre todo en los casos en los que hay un grave riesgo para la convivencia de la familia, teniendo en cuenta un fenómeno cada vez más frecuente y preocupante, la violencia de hijos a padres.
(Fuente: ABC.es)
