viernes, 10 de marzo de 2017

Exteriores trabaja ya en Etiopía y Burundi para tratar de desbloquear las adopciones.

Desde la Xunta recuerdan que Addis Galicia, oficialmente, aún no está cerrada, y son 80 las familias pendientes de la asignación de un menor.

El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha puesto manos a la obra para, en la medida de lo posible, tratar de desbloquear las 80 adopciones paralizadas en Burundi y Etiopía por el cierre del organismo acreditado para realizar los trámites, Addis Galicia, y que afecta mayoritariamente a familias gallegas. Desde la Oficina de Información Diplomática confirman que, en el caso de Burundi, la embajada de España en Tanzania -que cubre ese país- está averiguando cuál es el régimen jurídico de las adopciones, y por el momento no se conoce que en ese país haya casos bloqueados. Diferente es la situación de Etiopía, explican, ya que el proceso de acogimiento en ese país es muy complejo, con procedimientos que engloban dos procesos judiciales, uno en un tribunal regional y otro en un tribunal federal, por lo que Exteriores trata de hacer gestiones para agilizar esta situación admitiendo la enorme dificultad.

La directora xeral de Familia, Amparo González, admitía ayer que «a día de hoy es no», ya que de momento no se han conseguido resultados, «y no queremos crear falsas expectativas». Etiopía está fuera del convenio de La Haya, y el objetivo es que la vía diplomática permita de forma excepcional usar en estas adopciones el protocolo público, algo que no dejan estos países. Desde la Xunta recuerdan que Addis Galicia, oficialmente, aún no está cerrada, y son 80 las familias pendientes de la asignación de un menor, porque hay otra en Burkina que sí tiene niño asignado. El Ministerio de Sanidad, que es quien tiene competencias en esta materia, ni se pronuncia.



(Fuente: LA VOZ DE GALICIA)

viernes, 24 de febrero de 2017

Las adopciones internacionales caen un 85% en diez años.

La evolución de las adopciones internacionales en España sufre una caída en picado. Tras el boom que se experimentó entre 2004 y 2005, cuando se produjeron 5.541 y 5.433 adopciones respectivamente, la cifra no ha hecho más que descender. En 2015, fueron 799 los niños que llegaron a España tras un proceso de adopción en el extranjero, según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, lo que se traduce en un descenso de las adopciones del 85% en un periodo de 10 años.

Entre 2003 y 2007, 23.012 menores fueron adoptados por españoles tras un proceso fuera de nuestras fronteras. "En aquellos años comenzó la moda de las adopciones y ésta llegó en 2004 a nuestro país. Sólo Estados Unidos se situaba por delante de España en adopciones constituidas en aquel entonces", rememora Benedicto García, presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento (Cora). Sin embargo, al igual que "llegamos drásticamente a estar en la cumbre, la reducción también ha sido brusca", describe. En el periodo comprendido entre 2010 y 2015 -último año para el que Sanidad dispone datos-, 7.056 niños fueron adoptados en España desde el extranjero.

Entre los motivos que diferentes expertos mencionan sobre este brusco descenso se encuentran los cambios legislativos y las medidas proteccionistas que los países tradicionalmente emisores han puesto en marcha para luchar contra el tráfico de menores. Pero también aducen mejoras en las condiciones económicas de estos países y la repercusión de la crisis en España.

En lugares como Etiopía, que durante años permitió que miles de niños cruzaran sus fronteras para ser adoptados en el extranjero, "la situación económica ha mejorado y han comenzado a promover la adopción nacional para evitar esta fuga, sostiene Ana Picazo, presidenta de Cielo 133, asociación que pertenece a Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (Ecai). 

Las adopciones constituidas por españoles en Rusia también se han visto reducidas drásticamente (de 1.262 a 131 en 10 años) y, especialmente, durante la paralización de los expedientes de adopción hasta que España firmó, en 2013, un convenio que vetaba la adopción a las parejas homosexuales.

Además, "tampoco coinciden las solicitudes de padres españoles con los menores que viven en los orfanatos extranjeros" -o españoles- dice García. Las parejas buscan niños menores de un año, pero se dan más facilidades a la hora de adoptar a "menores con necesidades especiales, hermanos o de una edad superior a los dos años"

Una tendencia mundial

Según los datos recogidos en el estudio Las adopciones caen a través de las fronteras, realizado por Peter Selman, investigador de la Universidad de Newcastle (Reino Unido) el descenso de las adopciones es un fenómeno mundial. El número de adopciones se han reducido también en Estados Unidos (-72%), en Francia (-74%), en Holanda(-73%) y en Irlanda (-91%). 

"Varios de los motivos que han provocado el descenso de las adopciones en España son extrapolables al resto de los países adoptantes", analiza Peter Selman a este diario en conversación telefónica. En el caso de China, uno de los países en los que más familias españolas adoptan niños, se "ha comenzado a promover la adopción nacional y a poner condiciones restrictivas", especialmente tras el desacelerado crecimiento vegetativo que el país experimenta en los últimos años "como consecuencia de la política del hijo único que el país retiró en 2015", dice Selman. 

"Ahora, sólo se permite la adopción de niños con necesidades especiales o de edades avanzadas a las parejas occidentales", prosigue. En 10 años, el número de menores procedentes de China adoptados en España ha pasado de 2.753 a 138, un descenso del 95%.

Respecto a Vietnam, las mafias de tráfico de niños también tienen su parte de responsabilidad, pero han sido los "propios países adoptantes los que rechazan adoptar aquí", apunta Selman, quien no culpa a la Convención de La Haya Sobre los Derechos del Niño de este descenso, "como muchos creen" -apostilla-, sino que alude a las redes ilegales que se tejieron en estos países y que les han llevado a ser más restrictivos con sus políticas de adopción.

(Fuente: El Mundo.es)

Cantabria busca más familias de acogida para mayores de 10 años y hermanos.

Santander, 18 ene (EFE).- El Gobierno de Cantabria quiere aumentar la bolsa de familias de acogida en la región, que actualmente componen 57, entre las que no todas pueden acoger a niños de 0 a 3 años y son "escasas" las que tienen un perfil para hacerlo con mayores de 10 años o grupos de hermanos completos.

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha presentado hoy, en rueda de prensa, la campaña iniciado el pasado diciembre para buscar familias de acogida, a la que se han adherido hasta ahora 30, que tendrán que ser evaluadas.

Díaz Tezanos ha subrayado los beneficios "positivos" que la acogida tiene para el desarrollo físico y emocional de los niños, que favorece su integración social, mientras que ha señalado que para las familias representa una experiencia "muy satisfactoria", lo que hace que algunas de ellas hayan repetido.

Ha recalcado que actualmente en Cantabria hay 32 menores en familias de acogida, mientras que ha destacado que en la región no hay niños menores de 11 años en centros de acogida, donde el Gobierno de Cantabria se encarga de los cuidados de 172 chicos y chicas, algunos de ellos mayores de edad.

Díaz Tezanos ha detallado que además hay en la región 132 menores acogidos por personas de su entorno familiar y 22 en guarda esperando para adopción.

Con el objetivo de aumentar las familias en disposición de acoger a los niños y adolescentes que no pueden estar al cuidado de su núcleo familiar, el Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha el mes pasado una campaña para difundir su Programa Regional de Acogimiento Familiar.

Con este programa la vicepresidenta ha destacado que los niños pueden acceder a una familia, con lo que se garantiza un mejor desarrollo de los menores.

La campaña, con el lema "Hay niñ@s que sueñan con construir su futuro", arrancó con anuncios en medios de comunicación y se va a reforzar con la distribución de folletos y la instalación de paneles informativos en las sedes del Gobierno, hospitales públicos, colegios, centros de salud y centros de servicios sociales.

"Necesitamos personas y familias que quieran acoger, que tengan además motivación para ello y que quieran demostrar su solidaridad acogiendo a estos niños, para que les apoyen, para que les eduquen, para que les den cariño, para que les procuren una formación integral y se conviertan en figuras positivas", ha resumido Díaz Tezanos.

Con el acogimiento, la vicepresidenta ha incidido en que se consigue que los menores sean atendidos por familias y no en centros de acogida, que los grupos de hermanos permanezcan juntos y que los adolescentes con dificultades puedan superar sus problemas conviviendo con familias alternativas.

Las familias por su parte, tienen derecho a absoluta confidencialidad, reciben asesoramiento por un equipo técnico y obtienen una ayuda económica mensual por cada niño y una deducción en el IRPF.

Puede participar cualquier persona mayor de edad que resida en Cantabria, que no esté en la lista de adopción y que no haya sido privado de la patria potestad de ningún menor o padezca enfermedades que dificulte el acogimiento, al tiempo que se le pide que acepte la relación entre el niño y su familia biológica.

El programa contempla tres niveles de acogimiento, uno de urgencia para niños de 0 a 6 años cuyas familias están en proceso de diagnóstico y se encuentran en una situación que requiere la separación inmediata del menor, que tiene una duración máxima de medio año.

El segundo nivel es el acogimiento temporal para niños y adolescentes con previsión de retorno a su familia, que se puede extender 2 años, mientras que el tercero no contempla un límite temporal y está previsto para niños y adolescentes que, en principio, no es previsible que vuelvan a su núcleo familiar.

Díaz Tezanos ha recalcado que la finalidad de este programa es siempre que los niños vuelvan con sus familias y ha subrayado que no es compatible con la adopción. "Hay familias que confunden la adopción con el acogimiento", ha explicado.

Para participar en este programa, los interesados pueden contactar con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales y la Dirección General de Política Social.

(Fuente: Diario Montañés)

Ochenta familias en Galicia pierden su adopción en Etiopía y Burundi por el cierre de la gestora ECAI Addis.

Sin hijo adoptivo y sin un importe que puede llegar al 75% del coste de los trámites. El cierre -confirmado ayer- de la ECAI Addis Galicia, que gestiona los trámites de las adopciones en Etiopía y en Burundi, condena a más de medio centenar de familias gallegas, que ascienden a unas 80 en total en España, a la pérdida de su adopción en los citados países. Tras unos cinco años de espera en algún caso, los expedientes cerrarán por la quiebra económica de la ong acreditada. Además, perderán el importe invertido para lograrla.

Según datos oficiales de la Xunta de los que disponen las familias adoptantes, habría activos 51 expedientes para adoptar en Etiopía (49 gallegos y 2 asturianos) y 30 para Burundi (10 de Andalucía, 9 de Galicia, 4 de Madrid y Valencia y uno de Castilla León, Asturias y Cantabria).

Las familias afectadas fueron comunicadas oficialmente de la situación de cierre inevitable de Addis Galicia, tras fallar un plan de viabilidad económica presentado ante la Dirección Xeral de Familia. La causa es que no lograron alcanzar el número de expedientes necesarios para que la entidad pudiese continuar prestando sus servicios -solo reunieron a 14 familias, de las 20 necesarias-. En la práctica, suponía 8.000 euros a mayores a las familias adoptantes, que deberían de pagar las nuevas tarifas antes del día 20 de febrero para que no se cerrase el proceso. Por tanto, la Xunta comunicó "la imposibilidad de dicha entidad de proseguir con sus expedientes de Etiopía y Burundi".


Y "como en cualquier caso de cierre y dado que la relación entre los solicitantes y los organismos es una relación contractual privada, se procederá a la liquidación de los gastos de acuerdo con los términos del contrato", explicaron a FARO fuentes consultadas de la Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.

Devolver el dinero

Algunas de las familias mostraron su disconformidad, al considera que la Xunta debería de dar alguna respuesta "de forma subsidiaria", ya que la agencia gestora estaba acreditada por la administración pública. Ana González y Antonio González, solicitantes en Etiopía avanzaron quesolicitarán la devolución del importe. Unos 8.000 euros, de los 10.739 totales del contrato. "Solicitaremos que nos reintegren el dinero que la gestora no pueda justificar con facturas, todo lo que no esté acreditado", aseguraron tras cinco años de trámites. Culpabilizan a la Administración de la falta de supervisión de las cuentas de la ong. "Hay dos familias que ya tenían niños asignados, con fotografías", indicó Ana González.

Por su parte, la Xunta alegó que "la tramitación en Etiopía y Burundi sólo está permitida a través de la intervención de un organismo acreditado para adopción internacional, no a través de protocolo público, por lo que en ningún caso la Xunta se podría hacer cargo de los procesos adoptivos en curso". También, asegura que ante la situación plateada por ADDIS de falta de recursos, "la Xunta analizó las posibles soluciones para las familias en espera, y ante la imposibilidad de tramitar los expedientes en ninguno de los países por vía pública o negociar con otras entidades su continuidad, decidió plantearles la situación a todas las familias afectadas".

Pero el cierre de expedientes por la quiebra la ECAI Addis Galicia encierra más de medio centenar de dramas familiares. "Yo tengo 37 años y ahora no puedo ponerme a tramitar una adopción en China o en Vietnam", ejemplifica Ana González. "No tenemos hijos porque siempre hemos querido adoptar y no hemos valorado otra opción", añaden. Al mismo tiempo, sostienen que el "90% de las familias afectadas" se quedan sin poder ser padres y sin más solución por la limitación de edad de las adopciones internacionales. "Si había problemas económicos podríamos haberlos afrontado antes, estuvimos cinco años a ciegas", añaden.

(Fuente: www.farodevigo.es)

Las adopciones internacionales de Galicia en Etiopía y Burundi, en el aire.

Los procesos de adopción internacional que se gestionaban desde Galicia con Etiopía y Burundi están suspendidos tras el cierre del Organismo Acreditado para la Adopción Internacional (OAAI), antigua Ecai, Addis Galicia, que los tramitaba. La Xunta de Galicia se lo ha comunicado este miércoles a las familias adoptantes, que ahora están "en vilo" a la espera de noticias sobre qué pasará con sus expedientes. 

La situación afecta a 81 familias de toda España. Según los datos oficiales facilitados por la Xunta, se mantenían abiertos en Etiopía 51 expedientes (49 gallegos y 2 asturianos) y en Burundi, 30 (10 de Andalucía, 9 de Galicia, 4 de Madrid y Valencia y uno de Castilla León, Asturias y Cantabria). De ellos, 11 ya estaban a punto de finalizar y son los únicos que pueden 'salvarse'. 

La comunicación oficial de la Xunta, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, añade la "imposibilidad" de dicha entidad de "proseguir con sus expedientes de Etiopía y Burundi", pero no aclara qué pasará con los procesos de adopción que llevan en marcha, en muchos casos, cinco años. Tampoco los de las familias que, además, ya tienen asignado un niño en Etiopía y pagan 215 euros al mes al orfanato para su manutención.

A preguntas de este periódico, la Xunta ha explicado que la tramitación en Etiopía y Burundi sólo está permitida a través de la intervención de un organismo acreditado para adopción internacional, no a través de protocolo público como sí ocurre con otros países como China, por lo que "en ningún caso" el gobierno gallego se podrá hacer cargo de los procesos adoptivos en curso. La situación, por lo tanto, se complica para las familias, que se ven abocadas a que se cierren sus expedientes sin que les planteen una alternativa. 

De todas formas, el Gobierno gallego ha asegurado que la entidad se comprometió a que gestionará hasta su finalización los expedientes ya asignados y que se encuentran finalizando los procesos en los países de origen y que son cuatro en Etiopía, siete en Burundi y también dos en un tercer país, Burkina Faso.

Esta nueva situación llega tras semanas de tensión en el seno de este colectivo, pues el pasado 1 de febrero la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica y Addis Galicia les comunicaron que deberían pagar 14.686,56 euros más para poder continuarcon su proceso de adopción. 

Apelando al "alargamiento" de los procesos de adopción en los últimos años, la "situación de excepcionalidad" que ha vivido Etiopía y los cambios de las condiciones del Gobierno y los orfanatos, la Xunta autorizó incrementar la tarifa a cobrar a las familias en 6.686,56 euros y, en el caso de los etíopes, la entidad también les pedía un donativo de 8.000 euros para el orfanato. Cumple matizar que el gobierno gallego se desvinculó de este último pago, solo autoriza el primero.

14 familias dispuestas a pagar 

Las familias tenían hasta este lunes 20 de febrero para comunicar si estabandispuestas a asumir el nuevo pago -que se suma a los 10.739,81 euros que habían firmado por contrato- y, finalmente, tan sólo 14 de las 81 familias lo han hecho. Se trata de 10 en proceso de adopción con Etiopia y cuatro con Burundi y su escaso número impide que sea viable la actividad de la Ecai. 

Los padres adoptantes recibieron este miércoles una comunicación de la Dirección General de Familia en la que les recuerda que Addis Galicia había presentado un plan de viabilidad según el que tan sólo podría continuar con su trabajo si había 20 expedientes que asumiesen la nueva tarifa. Al haber sólo 14 familias dispuestas a pagar, no puede continuar prestando sus servicios.

Liquidación de los gastos

Fuentes oficiales de la Xunta han indicado que, como en cualquier caso de cierre, y dado que la relación entre los solicitantes y los organismos es una relación contractual privada, se procederá a laliquidación de los gastos de acuerdo con los términos del contrato, pero hay familias adoptantes que no están de acuerdo con esta situación, pues ellos sí han cumplido su parte del contrato y es Addis Galicia quien lo incumple. 

Ana González, que está con su pareja en proceso de adopción con Etiopía, ya había tomado cartas en el asunto el lunes. Tras decidir que no asumirían la nueva tarifa, le remitieron un burofax a Addis Galicia para solicitarle su expediente y copia de las facturas de los gastos ya realizados con cargo al contrato que ellos firmaron en 2012. Además, estánestudiando qué acciones legales emprenderán

Otras familias adoptantes que tenían expedientes abiertos en Burunditambién están estudiando poner el caso en manos de un abogado para conocer las opciones legales que tienen ante el cierre de la entidad y la parálisis en su proceso.

(Fuente: El Mundo.es)

La "puja" por adoptar un niño en Etiopía

Ana y Antonio despliegan un archivador a rebosar de documentos e ilusiones. Desde 2011, han ido guardando meticulosamente información sobre su proceso de adopción. Folletos, contratos, e incluso el certificado de que ya están vacunados para viajar a Etiopía a buscar a su hijo han ido engordando la carpeta

A medida que pasan las hojas, les invade la rabia. Nunca pensaron tener que añadir al final un escrito que enfrenta a este matrimonio y a decenas de parejas gallegas a la difícil decisión de pagar 14.686,56 euros más o renunciar a ser padres de un niño etíope

Desde que el 13 de julio de 2013 la entidad cooperadora para la adopción internacional (Ecai) Addis Galicia les comunicó que su documentación había sido remitida a Etiopía, la única noticia que habían recibido había sido un e-mail por Navidad con lotería pero, de repente, el 25 de enero la Xunta de Galicia les remitió "una citación sorpresa, sin orden del día" para una reunión el 1 de febrero.

Acudieron una treintena de familias adoptantes en Etiopía y en Burundi, la Dirección General de Familia y la Ecai y el resultado se plasmó en un acta que Ana González y Antonio González adjuntaron como una losa a su archivador. Explica que el "alargamiento" de los procesos de adopción en los últimos años, la "situación de excepcionalidad" que ha vivido Etiopía y los cambios de las condiciones del Gobierno y los orfanatos obligan a subir la tarifa en 6.686,56 euros y a pedir un donativo de 8.000 euros para el orfanato.

En total, 14.686,56 que hay que sumar a los 10.739,81 que ellos habían firmado por contrato y de los que ya han abonado el 75%. La actualización de las tarifas se aplicará al proceso de adopción con Etiopía y con Burundi, pero los gastos del orfanato solo a quienes esperan por un niño etíope. En cualquier caso, la cifra es tan elevada que hubo quién abandonó la sala con una crisis de ansiedad, pues "veían que su paternidad se terminaba ese mismo día ahí".

El plazo para comunicar si abonarán el dinero vence mañana 20 de febrero, lo que ha convertido las últimas semanas en un infierno para 81 familias. Según los datos oficiales de la Xunta, hay activos 51 expedientes para adoptar en Etiopía(49 gallegos y 2 asturianos) y 30 para Burundi (10 de Andalucía, 9 de Galicia, 4 de Madrid y Valencia y uno de Castilla León, Asturias y Cantabria). Todos deberán comunicar si pagan, pero finalmente solo 20 lo harán, pues la Ecai solo se compromete a seguir tramitando 10 adopciones en cada país.

En esa misma reunión, Ana y Antonio se miraron y supieron que no pagarían. Mantienen las mismas ganas que cuando, en mayo de 2012, les asignaron el expediente 666, pero tienen "la sensación" de estar entrando "en una puja por un niño" y no se imaginan dentro de 20 años explicándo a su hijo que pagaron "20.000 euros para tenerlo aquí". 

Para ellos, ahora todo se reduce a "¿tienes dinero? Optas. ¿No tienes dinero? No optas". Además, pagar ni siquiera garantiza la adopción, pues en 2016 la Xunta contabilizó ocho asignaciones en Burundi y cuatro en Etiopía. Si no culmina el proceso, el año que viene qué pasará, "¿hay que volver a pagar?". 

Al respecto, la Xunta aseguró a EL MUNDO que se compromete a la resolución de estos 10 expedientes incluso aunque su tramitación se demore más allá de 2017 y también aclaró a las familias que, si no pagan, sus expedientes no se cerrarán, sino que continuarán a la espera de una asignación "tal y como estaban en este momento". Si lo cierran, será decisión suya y, en ese caso, no le devolverán los gastos por los servicios prestados.

Esta pareja de Ourense no pierde la esperanza de que en algún momento puedan "ser padres" pero, ahora, tienen 37 años y la sensación de que han perdido cinco. Habían planificado su vida para tener un niño etíope en dos años y uno nacional cuatro o cinco años después -también están en proceso de adoptar dentro de España-, e "incluso uno biológico". 

Pero ha pasado el tiempo. "Nos hemos ido haciendo mayores y a partir de los 40 años apenas tienes posibilidades de adoptar", explican. De modo que dan por perdida la opción de un niño de otro país.

"Tenemos que replantearnos otra vez todo", prosiguen. Además, con la sensación de sentirse "engañados" y "abandonados" por la Xunta, pues, a su juicio, "debería quitarle la acreditación" a la Ecai porque "no son viables económicamente" y hacerse cargo de los expedientes. Al respecto, la Xunta asegura que la entidad tiene auditadas sus cuentas y cumple la normativa y se compromete a controlar que no cobre ningún servicio no autorizado ni prestado.

La frustración es mayor para ellos y el resto de adoptantes en Etiopía, pues recuerdan que el Convenio de La Haya de Protección del Niño y Cooperación en materia de Adopción Internacional prohíbe el pago de donativos. Etiopía no lo ha suscrito, pero España sí y, si pagan esos 8.000 euros,"¿quién te asegura a ti que no estás pagando para que roben un niño?", se preguntan. Este gasto no está autorizado por la Xunta, pues es un pago al orfanato en el que "no tiene ninguna competencia". 

Firmaron un contrato a sabiendas de que se podrían actualizar las tarifas y conocedores de los riesgos, peroconsideran que "no se puedan cambiar las reglas del juego cinco años después", "sin que podamos hacer en principio legalmente nada", se lamentan. Hay familias dispuestas a pedir un crédito, pero ellos lucharán ante la deriva "mercantil" de un proceso que, para muchos, es la única opción de ser padres. "Parece como si la adopción fuese un esnobismo o un capricho... Pues no", advierten.

(Fuente: El Mundo.es , 19-02-2017)

Familias que adoptan en Burundi deben aportar casi 7.000 euros para continuar.

Los problemas con las adopciones internacionales están llevando a decenas de familias gallegas que iniciaron hace años este proceso a una situación complicada. Las principales afectadas son las que recurrieron a Etiopía, 49 según la Xunta, pero no son las únicas. La ECAI Addis Galicia, que atraviesa una situación delicada debido a los cambios que le imponen los organismos públicos de los países de origen e incluso los orfanatos, es la única en España que gestiona acogimientos en Burundi, por lo que también ha solicitado a los padres que aporten una cantidad de dinero para poder desbloquear los procesos y continuar.


La Xunta fue la encargada de convocar a estas familias, y como muchas son de otras comunidades, están atendiendo por correo electrónico y teléfono a aquellas personas que no pudieron nombrar representante o acudir personalmente. Hay treinta expedientes abiertos, de los que nueve son de Galicia. Andalucía, con 10, es la comunidad con más casos, y las otras autonomías en las que se da esta situación son Madrid, Valencia, Castilla y León, Asturias y Cantabria.

El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, aseguró ayer que se llegó a este acuerdo de permitir elevar las tarifas que deben aportar los futuro progenitores para desbloquear los procesos. En el caso de Etiopía, en donde ahora se pide a los padres unos seis mil euros a mayores, «a ECAI solicitou unha modificación á Xunta de acordo cun plan de viabilidade par que se desbloqueen os expedientes que estaban bloqueados desde o 2012. A Dirección Xeral de Familia estudouno con todo o rigor, acordáronse os gastos a maiores, e plantexáronselle ás familias as novas condicións».

En el caso de Burundi, los futuros padres deben aportar para continuar con el proceso casi siete mil euros, en concreto 6.700 algunos de los consultados, a mayores de lo que ya estaba acordado. Una de sus quejas es, por un lado, que durante años no les hubiesen dicho nada de los problemas económicos, y por otro que este nuevo importe no garantiza que la adopción se realice. Rey Varela justificó esta situación, ya que en este tipo de procesos internacionales, «nunca hai garantía de que este proceso remate nos prazos que inicialmente están, e é verdade que desde o 2012 poden cambiar moitas cousas nas familias».

Las ECAI, entidades sin ánimo de lucro acreditadas para realizar las adopciones internacionales, pasan por un momento difícil debido a la dilación de los procesos y a las trabas que surgen en muchos países. Desde la Xunta admiten que, en mayor o menor medida, todas están en una situación delicada. Recientemente, de hecho, cerró una de las que trabajaban en Galicia, Balms, que tramitaba adopciones en Colombia. En ese caso, como el país permite la vía pública, la propia Xunta asumió los expedientes de las familias que habían iniciado una adopción, algo que no puede hacerse con Etiopía porque exige que se haga a través de uno de estos organismos acreditados.

«Hay gente que no puede hablar porque se echa a llorar»

Después de intentarlo con procesos de reproducción asistida, Fon y su mujer recurrieron a la adopción internacional, y lo hicieron con la ECAI Addis Galicia en Burundi. Comenzaron en el 2013, en septiembre, «y no supimos nada en estos tres años», dice. Hasta el pasado miércoles, cuando la Xunta los convocó para una reunión en la que, como a las familias que tienen su expediente en Etiopía, se les comunicó que debían aportar casi siete mil euros más. «Nos dijeron que si no la ECAI no es viable. A las familias que están en los diez primeros puestos les piden esta cantidad, y la Xunta se compromete a que, sin que haya nada por escrito, este año haya diez asignaciones en ese país», explica Fon. 

Algo que tampoco entiende porque Burundi es un país en el que las adopciones van muy lentas -aunque no están paradas-, por lo que anualmente se conceden dos o tres asignaciones «por lo que cómo en un año va a haber diez». Para este gallego la entidad se sacó «una tasa pero no está en el contrato, es como si llevo un sobre sin garantía ninguna».

El malestar no es solo con la ECAI sino con la Xunta, que fue quien convocó a las familias. «La Xunta autoriza esto y no nos respalda nada, y nosotros tenemos que dar casi siete mil euros sin garantías», apunta Fon.

En el contrato que firman las familias se estipulan ya los gastos, «y pone que por causa de fuerza mayor se podrían modificar, pero entiendo que eso sería un conflicto en el país, que la ECAI tenga falta de liquidez no considero que sea una causa de fuerza mayor, si a lo mejor fue porque se gestionó mal». 

Sin información

Para este adoptante si la entidad les hubiese ido informando progresivamente de los problemas de tramitación y de las repercusiones económicas, o si lo hubiesen comunicado de otra forma, hubiesen sido más comprensivos, «pero viendo la situación por la que están pasando muchas familias venir ahora y pedir siete mil euros, y decir prácticamente que es para mantener la estructura y que si no cierran...», lamenta. Fon asegura que los futuros padres deben tomar además la decisión en un margen de tiempo muy breve, porque Addis quiere tener solventado este problema en torno al 13 de febrero.

Esta familia asegura que confiaba en lo que le decían tanto en la ECAI como en la Xunta, «pero con la buena fe llevamos tres años, y hay familias que llevan cuatro. Después de cuatro años que te digan: das siete mil euros más o si no pierdes el proceso, me parece un poco duro. Hay gente que no puede hablar porque se echa a llorar, estás esperando y el proceso se está dilatando en el tiempo y ahora nos dicen, tenemos falta de liquidez y necesitamos dinero. No creo que tengan mucho tanto», concluye.

(Fuente: La Voz de Galicia. 08-02-2017)