Alonso hizo ese anuncio en la Cámara Baja durante el debate celebrado este jueves sobre el proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en respuesta a las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Mixto (ERC) y el Grupo Catalán (CiU), que coincidían en que la normativa invade las competencias autonómicas.
“Partimos de un nivel muy alto de consenso”, dijo, en referencia a que incluso a las enmiendas totales de los citados grupos éstos “reconocen que comparten muchas de las modificaciones y el objetivo general de las mismas”, que es “dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas”.
En palabras del ministro, el texto debatido da “prioridad de las medidas estables, frente a las temporales”; “a las familiares frente a las residenciales y las consensuadas frente a las impuestas”, siempre con el objetivo del interés del menor. Además, “la reforma tiene como fin seguir garantizando una protección uniforme en todo el territorio del Estado” y constituir “una referencia” para las comunidades autónomas a la hora de desarrollar su legislación en esa materia.
Alonso también subrayó que ha sido un trabajo de “muchos años” que se remite a la última etapa del gobierno de Zapatero y a su predecesora Ana Mato. “Es una reforma de gran calado que modifica 12 normas”, subrayó, citando las leyes de protección jurídica del menor, la del poder judicial, la de violencia de género, la de enjuiciamiento civil, la de adopción y la de familias numerosas.
MENORES TUTELADOS
La norma debatida en la Cámara Baja, que según Alonso pretende “establecer marcos” de derechos y deberes para menores, “especialmente para los más vulnerables”, agiliza los procesos de acogimiento y adopción, además de mejorar la atención a la infancia en riesgo y a los menores víctimas de violencia.
“Hay unos 35.000 menores tutelados por las administraciones, 13.500 de ellos en centros de acogida”, recordó el ministro. Además, el 63 por ciento de las mujeres maltratadas afirman que los hijos “presenciaron alguna situación de violencia y en muchos casos los menores también las sufrieron”, recordó el ministro.
En el texto debatido se definen las situaciones de riesgo y desamparo y se refuerzan medidas de protección en acogimiento y adopción. Asimismo, destacó, tratará de “prevenir y luchar contra la violencia en la infancia como eje transversal”.
Alonso también se remitió a lo anunciado el pasado 20 de febrero en el Consejo de Ministros sobre guardia voluntaria y acogimiento. En este punto, no será preceptiva la intervención de un juez, y se creará el Estatuto del Acogedor Familiar, en el que se recogerá el derecho de estos a ser oídos por la entidad pública antes de emitir cualquier resolución que afecte al menor. Por otra parte, se regulan los centros de protección para menores con problemas de conducta.
MENORES EXTRANJEROS Y CON DISCAPACIDAD
El ministro también destacó que se refuerza la protección a grupos vulnerables, como los menores extranjeros que se encuentren en España, a los que se reconoce expresamente su derecho a la sanidad, la educación y los servicios sociales, velando especialmente por los no acompañados o víctimas de trata, entre otros.
A los menores con discapacidad “se les asegura su plena accesibilidad y la garantía de los servicios sociales especializados”. Y, por primera vez, la norma prevé recursos y programas de apoyo para facilitar la transición a la vida independiente de jóvenes extutelados.
Además, se reconoce a los menores como víctimas de la violencia de género, se establece la obligación de los jueces de pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres maltratadas, y se prevé que estos niños puedan permanecer con sus madres. Asimismo, la norma se refiere a los jóvenes extutelados mayores de 18 años y a la modificación de la consideración de familias numerosas hasta que el último de los hijos cumpla la mayoría de edad.
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS
Joan Tardà, en nombre del Grupo Mixto, agradeció el talante “agradable y predispuesto” del ministro, aunque dijo vivir “en mundos paralelos”. “Yo estoy en otro escenario, de ruptura democrática, lo que hace que nos sintamos ajenos a este proyecto de ley que es un paso atrás”, añadió, refiriéndose a las “competencias exclusivas” que tiene Cataluña en algunas cuestiones relativas a los menores, como las que posee en materia de adopción.
Tardà destacó que “esta norma entra como un carro de combate frente a un modelo que era eficiente” y que, “incluso va más allá”: “¿Cómo es posible que no se mencione el Código Civil catalán?”, reprochó a Alonso, alertándole de que con la ley se darán duplicidades de centros y funciones. El diputado catalán también mostró su preocupación por el presupuesto destinado a aplicar la normativa relativa a los menores. “Ya que no nos hacen caso a nosotros, hagan caso a CiU”, dijo, y concluyó: “Con nosotros no cuenten”.
En representación de CiU, tomó la palabra Carles Campuzano, que partió de la premisa de que a los nacionalistas vascos, gallegos y catalanes les canse “mucho” a estas alturas de la legislatura “concentrar la energía” en defender “lo obvio”, en referencia al reparto competencial. Campuzano se refirió también a los “avances” que en materia de protección de los menores ha logrado Cataluña, aunque reconoció que el Gobierno demuestra “una concepción antiautonómica” y “jacobina”, pues con normativas así se produce “una reforma consitucional encubierta”.
“En Cataluña existe legislación de protección a la infancia desde 1991”, recordó el diputado de CiU, acusando de “adanismo” al Ejecutivo por defender la nueva norma estatal. “Parece que quien ha descubierto el Mediterráneo es el Gobierno”, dijo Campuzano, que también echó en falta que Cataluña siga teniendo “competencias propias” en materia de adopción.
Campuzano, que rechazó el proyecto de ley, también se refirió al tema presupuestario, pues en su opinión, “en política de infancia España gasta mucho menos que el conjunto de la Unión Europea”, gasto que avergüenza a CiU, porque “es renunciar a invertir en el futuro”.
ENMIENDAS PARCIALES
Otros parlamentarios anunciaron que en el posterior trámite parlamentario en el Senado defenderán enmiendas parciales a algunos artículos de la ley. Fue el caso de Isabel Sánchez Robles, que, en defensa a los planteamientos del Grupo Vasco, disertó especialmente sobre adopciones. “Destila la norma una voluntad uniformadora que de ningún caso podemos compartir y prometemos combatirlo”, puntualizó. “Estamos esperanzados que en el trámite de enmiendas parciales, subsanar algunas cuestiones competenciales”, concluyó, reconociendo su “envidia” al Código Civil catalán.
Por UPyD, Rosa Díez reconoció que hay “un avance” en algunas cuestiones, pues la norma protege a los menores en todo el Estado, aunque cree que debería haber “ido más lejos”. En concreto, reprochó al Gobierno que la ley “no va a contar en ningún momento con una mayor disponibilidad económica”. “Se quedará en papel mojado” si la ley no supone mayor presupuesto, advirtió la diputada. Por ello, pidió a Alonso que sea capaz de “doblarle el codo” al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Díez también anunció que peleará por modificar el abordaje en la ley de menores vulnerables como son los niños con discapacidad.
Por Izquierda Plural, Josep Pérez Moya denunció que se pierde "una gran oportunidad" para desarrollar una gran ley “de manera integral”, donde se puedan armonizar “todos los cuerpos legislativos, incluida la Constitución de 1978”, que “no reconoce” la participación de los niños “de manera democrática” y “como ciudanos plenos”. “Esta ley es insuficiente”, indicó el parlamentario, llamando a afrontar “todos los factores de riesgo que afectan a los niños y niñas” y a acabar con la “discriminación en el lenguaje empleado” en el texto, siguiendo criterios de la ONU.
Isabel Rodríguez García, del Grupo Socialista, recordó al Gobierno que sus compañeros de grupo han venido “reclamando” esta “esperada reforma”, pues ya estaba “muy avanzada” por los trabajos realizados durante la época de Zapatero. “La desigualdad en la cuna puede conducir a la desigualdad en el resto de la vida”, agregó, en referencia a los niños que viven una plena situacion de “emergencia”.
En este punto, la diputada socialista recordó al Gobierno que 2,8 millones de niños están en riesgo de pobreza, lo que supone el “dramático” porcentaje del 33 por ciento de los menores que hay en España.
esde el principal grupo de la oposición también se urgió a “asegurar los derechos humanos de los grupos más vulnerables”, como son las personas con discapacidad, ante los “retrocesos en la protección social” que ha habido en los últimos años por las políticas desarrolladas por el PP. Rodríguez también anunció que su grupo presentará enmiendas parciales al texto en puntos como el presupuesto de “cero euros” destinado a la aplicación de la ley.
Cerró el debate Macarena Montesinos, que, en nombre del Grupo Popular, criticó que el debate de la ley de infancia se haya quedado “en el debate catalán” e insistió en la herencia socialista y en el recorte del 93% del presupuesto de infancia y familia que hizo el Gobierno de Zapatero. También criticó a los socialistas que reprochasen ahora el retraso en el trámite de la ley cuando, en su opinión, el anterior Gobierno no propuso un debate como el desarrollado este jueves. “Los niños y niñas no pueden esperar”, urgió la diputada, pidiendo la retirada de las enmiendas.
(Fuente: www.teinteresa.es)
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