Que niños y adolescentes están sufriendo la crisis con tanta intensidad o más que los adultos es algo que organizaciones benéficas y sociales han evidenciado en diversas ocasiones con informes propios, pero la Consejería de Familia y Bienestar Social acaba de hacer públicos unos datos que permiten visualizar con algo más de nitidez hasta qué punto está impactando en los menores el yugo que asfixia a cientos de familias. Se trata, en concreto, de las cifras relativas a los casos en los que la Junta tuvo que imponer medidas de protección e incluso asumir la guardia y custodia de los niños, cifras que se han incrementado significativamente en los últimos siete años. De hecho, si la Administración autonómica tuvo que adoptar en 2007 medidas de protección para 181 menores, el año pasado se vio obligada a hacer lo mismo en 271 casos. Es un 49% más.
Esto quiere decir que hay 271 niños y adolescentes de la provincia que están viviendo en unas condiciones sociales y económicas que la Junta no considera adecuadas, después de que los equipos de intervención familiar (formados por psicólogos y trabajadores sociales, entre otros profesionales) de la Consejería de Familia hayan detectado una o varias situaciones de riesgo para el niño y las hayan plasmado en un informe. Y en este sentido, la casuística puede ser muy amplia: desde falta de higiene y atención sanitaria hasta incorrecta alimentación o incluso maltrato o abusos sexuales, que serían los supuestos más graves.
Y en función de cual sea el caso y las circunstancias, los equipos psicosociales toman unas decisiones u otras. Es decir, puede detectarse una situación de ‘desatención’ puntual a causa de un problema económico (o de otro tipo) repentino, pero en los que la Administración considera que es suficiente con prestar un apoyo económico (a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía, ayudas de emergencia, en caso de desahucio o para facilitar el acceso a la entrega gratuita de alimentos) o con cualquier otra medida de mediación o intervención que permita a la familia encauzar la situación sin necesidad de separarse de los hijos.
Sin embargo, hay otras situaciones en las que esto no es posible, bien porque los propios padres piden a la Administración que se encargue temporalmente de sus hijos (pero manteniendo ellos la tutela, para volver a reunir a la familia en cuanto superen los problemas que les acucian) o, en los casos más graves, porque los servicios sociales han acreditado vulneración o privación de los derechos del menor, desamparo o riesgo para su desarrollo y solicitan que se retire la guardia y custodia a los padres para que la Administración asuma directamente la tutela.
Este paso hubo que darlo el año pasado con 180 menores, que suponen el 66% de los 271 que la Junta tuvo que proteger de algún modo. Son 56 más de los que tuteló en 2007, cuando la crisis todavía era un mal augurio propio de pesimistas y no había tantas familias atenazadas por el paro.
INFLEXIÓN EN 2010. Solo con analizar las cifras oficiales sobre el número de niños y adolescentes protegidos y tutelados por la Junta se comprueba cuál ha sido la evolución de la crisis. Entre 2007 y 2009 las cosas fueron claramente a peor, pero no fue hasta 2010 cuando las cifras se disparan y revelan las dificultades que estaban teniendo que afrontar numerosas parejas, con las consiguientes consecuencias para sus hijos. Solo en Burgos, la Consejería de Familia tuvo que hacerse cargo de 277 menores, de los cuales 208 estaban tutelados. En los siete años de crisis no se han vuelto a dar esas cifras y, de hecho, a partir de 2010, la estadística podría dar a entender que la situación económica general ha mejorado, porque hay menos casos de desprotección.
Sin embargo, de sobra es sabido que 2011, 2012 y 2013 han sido los peores años de crisis, al menos en la provincia de Burgos. En este trienio el paro se ha disparado y también los desahucios, que son una de las principales fuentes de problemas para las familias en este momento y que, como es lógico, conlleva consecuencias indiscutibles para la infancia. Por lo tanto, el hecho de que se tomen menos medidas de protección no puede interpretarse en ningún caso como reflejo de una mejora de la situación económica, porque la realidad hace pensar que queda mucho camino por recorrer para poder hacer esta lectura.
Fuentes de la Consejería de Familia afirman en este sentido que la explicación hay que buscarla «en la red de protección a las familias, en los programas de prevención y en la labor de los equipos especializados de intervención familiar, que están sirviendo para contener las situaciones de riesgo de las familias desfavorecidas con hijos y evitar que se tornen en más graves». Desde Familia consideran que la puesta en marcha del subsidio denominado Renta Garantizada de Ciudadanía, en el año 2010, ha permitido prestar un apoyo a parejas con hijos que estaban en una situación límite y que, al empezar a recibir esa prestación, han podido mantener a los menores con ellos. De hecho, es cierto que en 2013 la Junta implantó medidas protectoras para más niños, pero apenas hubo variación en las tutelas.
(Fuente: www.diariodeburgos.es)
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