La negociación ha sido complicada. El acuerdo estaba pendiente desde 2009. Las conversaciones se aceleraron, sin embargo, a raíz de la paralización de las adopciones. De las 600 familias afectadas, unas 160 ya tenían un menor asignado e incluso habían viajado a conocerlo. Es el caso de Diego Mestre y su mujer. Ellos iban a viajar a Chitá, una ciudad de Siberia, el pasado septiembre. Era el último paso, después de un año esperando, para traer a su hija a casa, pero la recomendación del Supremo ruso frustró sus planes. Los juicios de adopción se paralizaron. “Conocimos a nuestra niña con 20 meses. Ahora han pasado otros 18. Volvimos a verla hace unos días y regresar fue muy duro porque ella, con tres años, ya es más consciente de lo que pasa”, afirma. Este miércoles, Mestre y su esposa han estado presentes en Madrid, junto a otras dos familias que han actuado como portavoces de los afectados, en el acto en el que el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, y el viceministro de Educación de Rusia, Veniamin Kaganov, han firmado el convenio —también ha asistido la ministra de Sanidad, Ana Mato—. El acuerdo tiene una vigencia de cinco años y es renovable por el mismo periodo.
Ahora falta la ratificación en cada país. “En España [el convenio tiene que pasar por las Cortes] puede estar listo en septiembre. Los grupos mayoritarios en el Congreso estamos comprometidos con que el trámite dure lo menos posible”, apunta Juan Moscoso, portavoz socialista en la Comisión de Exteriores. En Rusia, el texto ha de ser aprobado por el Consejo de la Federación y la Duma, por lo que el proceso probablemente también se dilate unos meses. Se trata del primer convenio de estas características que Rusia firma después de la aprobación de su nuevo Código de Familia y servirá de modelo para otros acuerdos de adopción, como los que quieren concertar Israel y Nueva Zelanda.
El Consejo de Ministros en España ha dado permiso para firmar el convenio en dos ocasiones, en diciembre de 2013 y el pasado viernes. La razón es que el documento remitido por Rusia no se ajustaba a lo que España creía haber acordado el 3 de octubre cuando cerraron el texto del convenio. Moscú exigía poder hacer un seguimiento de los adoptados con independencia de la fecha de la adopción y España se negaba en rotundo. Finalmente, las partes han optado por una fórmula ambigua. Los rusos podrán solicitar informes sobre la situación de los menores adoptados antes de la firma del convenio —desde 1999 más de 12.000 niños rusos han llegado a España y de ellos 10.000 tienen menos de 18 años—, siempre que se respete la legislación española. Esto descarta que, si Rusia detecta que uno de esos niños vive con un homosexual, pueda solicitar su reubicación, porque se estarían violando las leyes españolas. La única justificación sería que el menor se encuentre en riesgo o situación de desamparo. Si esto ocurriera (solo sucede en el 1% de los casos), las autoridades rusas habrían de ser consultadas antes de asignarle otra familia.
"Vigilaremos muy de cerca el seguimiento que pretende hacer Rusia. Este convenio supone una discriminación no solo hacia nuestras familias, sino hacia la diversidad familiar en general", ha lamentado este miércoles Sisi Cáceres, coordinadora del área de Familia de laFederación Estatal de Lesbianas, Transexuales y Bisexuales. "Moscú ha puesto al Gobierno español en una encrucijada: o firmaba o prohibía las adopciones. Y aquí había muchas familias heterosexuales que tenían un menor ya asignado". Los homosexuales lo tienen difícil para adoptar en el extranjero. Rusia, China, Etiopía —tres de los principales países de origen—, los países del Este y los africanos lo prohíben.
En el texto del convenio que se estaba negociando entre Moscú y Madrid antes de que cambiara el Código de Familia en Rusia no se hacía mención explícita a la nacionalidad de los menores adoptados. En el nuevo documento, los niños conservan la nacionalidad rusa y deben ser inscritos en el registro consular. Si quieren dejar de ser rusos tienen que renunciar explícitamente a esta nacionalidad a los 18 años, con la mayoría de edad. De lo contrario, seguirán siendo rusos para Rusia con independencia de que sean también españoles.
Yelena Mizulina, la jefa del comité de Cuestiones de Familia, Mujeres y Niños de la Duma Estatal de Rusia, es decir, el comité que puede hacer un informe sobre la ley antes de ratificarla, es una de las afectadas por las sanciones europeas contra Rusia por la crisis de Crimea, lo cual le ha impedido viajar a España. No obstante, el Cónsul General de España en Rusia, Miguel Bauzá, asegura que espera que "el convenio pueda comenzar a funcionar inmediatamente", ya que "las personas que iniciaron los trámites de adopción y se han visto afectadas por esta modificación legislativa están pasando una época muy difícil".
Rusia es el principal país de procedencia de los niños adoptados en España. El año pasado, a pesar del bloqueo, llegaron 354 —frente a los 479 de 2012—. Las familias afectadas por la paralización de juicioshan batallado durante estos mesespara que se retomaran. La dilación del proceso ha hecho que, incluso, haya parejas que perdieran la asignación. Pero, a principios de este año y después de varios intentos frustrados, se abrió una pequeña puerta cuando las comunidades autónomas, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, redactaron un documento que recogía los puntos que Rusia exigía que quedaran plasmados en el convenio —como el seguimiento de los menores—.
En algunas regiones, los jueces han aceptado dichos documentos y se han celebrado juicios. Como el de María Mas y su marido. Esta maestra madrileña de 37 años tiene a su hijo en casa desde hace un mes. “Nuestro juicio iba a celebrarse el 2 de octubre del año pasado. Y hemos tenido que esperar hasta ahora”, afirma. Aun así, se sabe afortunada. En las últimas semanas ha habido varias sentencias negativas debido a que los jueces de algunas regiones siguen exigiendo el consabido convenio. Por eso la firma de este miércoles es crucial para las familias heterosexuales. El primer paso para volver a la normalidad.
Casados, sanos e instruidos
En materia de adopciones internacionales impera la legislación del país de origen. Es decir, que este impone sus normas y, si ciudadanos de otro país quieren adoptar allí, deben acatar sus requisitos. Así, a Etiopía solo pueden acudir matrimonios; en Rusia quedan excluidos quienes sufran alguna enfermedad oncológica, y en China los futuros padres y madres deben tener un nivel de estudios igual o superior al bachillerato. Estos son los tres principales orígenes de los menores que llegan a España y algunos de sus requisitos:
• China. Solo pueden adoptar matrimonios heterosexuales estables con una duración mínima de dos años, que sean mayores de 30 aunque menores de 50. Ambos cónyuges deben estar sanos y uno de los dos ha de tener trabajo estable. Incluido el menor que va a ser adoptado, los ingresos anuales por persona de la familia deben igualar o superar los 10.000 dólares (unos 7.300 euros). Los futuros padres deben tener un nivel de estudios igual o superior al bachillerato y no podrán ser obesos mórbidos (índice de masa corporal igual o mayor que 40).
• Rusia. Las personas declaradas minusválidas, que hayan padecido alguna enfermedad oncológica, aunque se encuentren de alta, o que sufran alguna dolencia crónica grave no podrán adoptar. Los homosexuales y los solteros tampoco podrán hacerlo; solo matrimonios heterosexuales. Los cónyuges han de tener más de 25 años y ser al menos 16 años mayores que el menor adoptado.
• Etiopía. Solo pueden adoptar matrimonios heterosexuales y mujeres que hayan adoptado con anterioridad en el país. Los futuros padres deben ser mayores de 25 años y la diferencia máxima de edad recomendada entre el adoptado y el adoptante es de 40 años.
(Fuente: www.sociedad.elpais.com)
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