"No sé cuántas familias con expedientes abiertos estarán ahora aterrorizadas imaginando una cadena de represalias que siempre terminan del mismo modo: la paralización de las adopciones".
Es una noticia pequeña, enterrada por un sofocante verano de negociaciones, vetos, consultas del Rey y atentados. La Generalitat de Cataluña se plantea prohibir la adopción de niños en Rusia y en Ucrania. ¿Por qué? La noticia, que he leído en La Vanguardia y visto en Antena3, dice que “una parte de los niños sufren Síndrome de Alcoholismo Fetal”. No se sabe cuántos ni en qué medida. Tampoco con qué consecuencias concretas sobre su salud. No hay ningún protocolo específico para su tratamiento. Pero como consecuencia, la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha anunciado que “se estudia” prohibir nuevas adopciones de niños rusos y ucranianos. La señora Bassa es maestra y psicopedagoga de formación pero sindicalista de carrera, llegó a la consellería desde la dirección de UGT y ha decidido cortar por lo sano. Tranquiliza a las familias que están en pleno trámite permitiendo que continúen y sugiere a las que inician el proceso que elijan otros países.
Entiendo que lo que la Generalitat y su consellera pretenden con esta medida es evitar la llegada de niños enfermos que graven el sistema de salud. Es decir, garantizar, en lo que de ellos depende, ciudadanos sanos que no supongan un coste para la Administración. Si este es el objetivo, supongo también que la medida se complementará con otras que avancen en la misma dirección y que quizá se concreten en la obligación de acreditar ante el Estado un cociente mental elevado antes de tener hijos, o una historia sanitaria intachable para poder reproducirse. Son aspiraciones que los estados totalitarios ya exploraron con los resultados históricos que todos conocemos.
No soy una experta en adopciones. Más allá de que mi hijo pequeño es adoptado. Pero sí sé algo que la Generalitat y la señora Bassa pasan por alto: que una ola de este tipo produce invariablemente un tsunami en los procesos que están tramitándose. No sé cuántas familias con expedientes abiertos estarán ahora aterrorizadas imaginando una cadena de represalias que siempre terminan del mismo modo: la paralización de las adopciones. El niño se queda en el infierno de soledad y tristeza en el que está. Y pasa también por alto que Rusia es, seguramente, el país mayoritario de origen de niños adoptados en España en general y en Cataluña en particular.
La prohibición limita todavía aún más las posibilidades de cientos de familias que están dispuestas a enfrentarse a un absurdo maratón de obstáculos con los que les bombardean los Estados. No importa en qué comunidad autónoma se inician y en qué país terminan, las adopciones tienen un objetivo común: la protección de las Administraciones, del Estado, del sistema burocrático. No la de las familias. Por supuesto, no la de los niños. Alrededor de los años que dura una adopción hay reuniones disuasorias, funcionarios incompetentes, administraciones cobardes, Estados que se autoprotegen. Hay metáforas manidas sobre las mochilas que cargan estos niños, leyendas negras, zancadillas, mucho dinero...
A todo este infierno, la señora Bassa va a añadir ahora una prohibición. Como casi todo en este asunto, desde la ignorancia, la ineptitud y la cobardía.
(Fuente: www.revistavanityfair.es)
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