Juicio por las adopciones fallidas en el Congo...

    

Sostiene que cobraron 10.000 euros por cada adopción sabiendo que los expedientes no prosperarían.

Hay diez familias afectadas, a las que la Generalitat ha devuelto el dinero.

Las procesadas aseguran que actuaron correctamente.

La Asociación de Adopción de Niños del Congo, que dirigían las encausadas, perdió la autorización seis meses después de obtenerla.

      La fiscal pide cuatro años de cárcel para la presidenta y la directora nacional de la Asociación de Adopción de Niños del Congo (ADIC), controlada por la Generalitat, acusadas de estafar a una decena de familias, a las que cobraron 10.000 euros pese a saber que no podrían lograr la adopción.
     En la sección tercera de la Audiencia de Barcelona ha comenzado este lunes el juicio contra las dos acusadas, Anna Maria S.P. y María Cintia A.F., que han negado que se lucraran estafando a las familias y han agregado que incluso perdieron dinero propio para dar la mejor atención posible a los niños pendientes de adoptar que habían sido abandonados por sus familias en la República Democrática del Congo y la República del Congo.
     La polémica por la gestión de la ADIC, entidad autorizada y supervisada por la Generalitat, provocó una crisis diplomática en agosto de 2006 cuando varias familias que se habían desplazado al Congo a buscar a sus hijos tuvieron serios problemas para abandonar el país con los pequeños debido a la falta de garantías de adopción.
     Según sostiene la fiscalía en su escrito de acusación provisional, las acusadas siguieron tramitando varios procesos de adopción en nombre de la ADIC, en los que involucraron a diez familias -que ya han recuperado su dinero de manos de la Generalitat-, pese a que eran conscientes de la imposibilidad de culminar el proceso.
     En su declaración ante el tribunal, las dos acusadas, que gestionaron cerca de 300.000 euros entre subvenciones de la Generalitat y las aportaciones de los solicitantes, han negado haber estafado a las diez familias. De hecho, han asegurado que su intención era garantizar la mejor atención posible a los pequeños y han alegado que no sólo no se quedaron con el dinero de las familias sino que además perdieron dinero propio para ayudar a los niños que esperaban la adopción.
     La Generalitat de Cataluña, que en el juicio comparece como responsable civil subsidiaria, autorizó en febrero de 2006 la entrada en funcionamiento de la ADIC, con sede en Sabadell (Barcelona), para tramitar adopciones de niños abandonados en la República Democrática del Congo y en la República del Congo.
     Sin embargo, la Generalitat retiró la autorización en agosto de aquel mismo año, después de los problemas que tuvieron siete familias a la hora de regresar a España tras ir a buscar a sus hijos a las "casa-cuna" que la ADIC gestionaba en Brazaville y Kinshasa, debido a la falta de garantías de adopción de los pequeños.
     El Ministerio de Exteriores llegó a denunciar que la presencia de las siete familias en el Congo fue un "acto irresponsable" por parte de la entidad que tramitaba las adopciones (ADIC), ya que el Gobierno había desaconsejado "por completo" estos procesos debido las "casi nulas" garantías de seguridad jurídica del procedimiento.

Falsificación de expedientes

     Según la fiscal, después de que la ADIC llevara a buen puerto algunas adopciones al comienzo de su andadura, su presidenta y su directora nacional siguieron tramitando procesos, con la promesa de lograr la adopción internacional de un menor, pese a ser conscientes de que fracasarían.
     Para engatusar a las familias, según la fiscal, las acusadas falsificaron los expedientes sobre los menores, para que así los aspirantes creyeran que el pequeño que se les había asignado había sido abandonado en su país y por lo tanto cumplía con los requisitos fijados por las autoridades congoleñas.
     La entonces directora nacional de ADIC, Maria Cintia A.F., ha subrayado que la Generalitat siempre supervisó el trabajo de su entidad y ha remarcado que todo el proceso se hizo correctamente. Además, ha alegado que desconocía los motivos por los que finalmente las autoridades congoleñas acabaron rechazando como adoptantes a estas diez familias.
     La acusada ha indicado que la mayor parte del dinero que recibían en subvenciones de la Generalitat y de las familias aspirantes lo destinaban al mantenimiento de las dos "casa-cuna" que crearon en Kinshasa y Brazaville para alojar a los menores abandonados que les habían asignado para culminar el proceso de adopción.
(Fuente: 20minutos.es)