En este país hay centenares de hogares dispuestos a adoptar un niño y centenares de niños que necesitan ser adoptados. Pero entre unos y otros se interpone el INAU. Según se supo en estos días, el número anual de adopciones cayó a la mitad.
En lo que va de este año se han concretado 54 adopciones, mientras que en 2014 hubo 109 y en el 2013 hubo 115. Es imposible que en dos meses se alcance una cifra similar.
Esta caída no se debe a que falten interesados. Hoy mismo existen 321 solicitudes de adopción pendientes de respuesta, es decir 321 hogares dispuestos a recibir un niño que pasa sus días en el INAU. Muchos de los solicitantes llevan más de tres años de espera, pese a que la ley vigente dice que cada proceso no debe demorar más de cuatro meses.
La explicación de los responsables del INAU es que faltan recursos para contratar personal que intervenga en la asignación de hogares. Eso introduce demoras en toda la cadena. Y si bien es posible que esta explicación tenga algo de cierto, deja de lado lo esencial.
Si hoy el INAU se interpone entre los chicos que necesitan un hogar y los hogares dispuestos a recibirlos, es porque puede permitirse el lujo de hacer muy mal las cosas sin correr ningún riesgo. Ese es el resultado de una ley aprobada durante el primer gobierno del presidente Vázquez, que le dio al INAU el monopolio de las adopciones y eliminó de la escena a quienes cumplían la misma tarea desde la sociedad.
Cuando el primer gobierno frentista decidió impulsar ese cambio, fue repetidamente advertido de lo que iba a suceder. Pero prefirió no escuchar a nadie e hizo uso de su mayoría parlamentaria regimentada. Los resultados fueron tan negativos que en 2013 se aprobó una nueva ley orientada a acelerar los procesos. Esa norma dio resultados a corto plazo, pero ahora todo vuelve a empantanarse. Y así volverá a ocurrir mil veces, entre otras cosas porque hay aquí un problema de diseño institucional: no sólo se creó un monopolio de las adopciones, sino que se le otorgó a la misma institución que administra hogares para albergar a los chicos sin hogar. Si los funcionarios encargados de las adopciones hacen muy bien su tarea, dejarán sin empleo a sus compañeros de trabajo.
En este tema como en otros, el Frente Amplio actuó en función de sus rigideces ideológicas y de los compromisos que tiene con sus aliados corporativos. Y le está llevando años admitir que fue una mala idea. Lo mismo ocurrió con la seguridad (ahora el ministro Bonomi admite que no puede haber seguridad interna sin un componente de represión) y lo mismo ocurre a medias, con la educación (desde el MEC se empieza a admitir que hay que introducir cambios de fondo, aunque nada pasará mientras la vieja guardia controle ANEP). Tal vez lo mismo ocurra algún día con las transferencias sociales incondicionadas o con las falsas soluciones al problema de la vivienda.
Encerrado en su visión hegeliana del Estado y en la soberbia que le dan los votos, el Frente Amplio insiste en aplicar recetas anticuadas mientras se toma décadas para procesar conclusiones que le resultan ideológicamente incómodas. Mientras tanto, los que pagan el pato son los niños que crecen en el INAU, las víctimas de la delincuencia, la inmensa cantidad de gente que vive en asentamientos, los alumnos que no aprenden y abandonan. Es una terrible responsabilidad histórica.
(Fuente: www.elpais.com.uy)
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