Catorce años han pasado desde que Castilla-La Mancha aprobó su Ley del Menor, una normativa que el Gobierno ha decidido cambiar antes de que llegue a la mayoría de edad. «Han cambiado muchas cosas», comentó ayer el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, que avanzó que Castilla-La Mancha va a tener una de las leyes más «innovadoras» de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Una de esas novedades lleva a la Junta a ofrecer a los ciudadanos «la posibilidad de intervención de un mediador en los casos de búsqueda de orígenes en casos de adopción». Explicó como ejemplo que, hasta ahora, esa mediación estaba recogida para otras situaciones como las de divorcio.
Otra de las novedades llega por la creación de un nuevo perfil de menor para que se activen los mecanismos de protección. Si hasta ahora figura por Ley las situaciones de riesgo o de desamparo, en Castilla-La Mancha se incluye un nuevo fenómeno, el de los «menores con graves dificultades de convivencia». Echániz explicó que así se recogen los casos de «conducta inadaptada que crea grave riesgos en la familia» e incluso mencionó la aparición de fenómenos de violencia de hijos a padres.
El consejero señaló que la nueva Ley contempla «la protección legal al nasciturus, al corresponder la obligación de vigilar la salud del futuro hijo en el caso de adicción de la madre a sustancias nocivas». Esta inclusión permitiría a la Administración intervenir en casos de mujeres embarazadas que tengan problemas de adicción y que, por tanto, podrían poner en peligro la salud del bebé durante el proceso de gestación.
Echániz añadió que Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma que impedirá la adopción a personas que hayan cometido un delito de seguridad vial en el sentido de que hayan puesto en peligro la vida de un menor al no tomar las medidas de prevención que son obligatorias por ley. En la actualidad la adopción no se permite cuando el solicitante ha cometido delitos como maltratos o agresiones.
La gestación de una ley.
Otra de las novedades llega por la creación de un nuevo perfil de menor para que se activen los mecanismos de protección. Si hasta ahora figura por Ley las situaciones de riesgo o de desamparo, en Castilla-La Mancha se incluye un nuevo fenómeno, el de los «menores con graves dificultades de convivencia». Echániz explicó que así se recogen los casos de «conducta inadaptada que crea grave riesgos en la familia» e incluso mencionó la aparición de fenómenos de violencia de hijos a padres.
El consejero señaló que la nueva Ley contempla «la protección legal al nasciturus, al corresponder la obligación de vigilar la salud del futuro hijo en el caso de adicción de la madre a sustancias nocivas». Esta inclusión permitiría a la Administración intervenir en casos de mujeres embarazadas que tengan problemas de adicción y que, por tanto, podrían poner en peligro la salud del bebé durante el proceso de gestación.
Echániz añadió que Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma que impedirá la adopción a personas que hayan cometido un delito de seguridad vial en el sentido de que hayan puesto en peligro la vida de un menor al no tomar las medidas de prevención que son obligatorias por ley. En la actualidad la adopción no se permite cuando el solicitante ha cometido delitos como maltratos o agresiones.
La gestación de una ley.
Lo que hizo ayer el Consejo de Gobierno fue aprobar el anteproyecto de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia. La elaboración ha exigido tiempo y reuniones. El consejero aseguró ayer que han contado con expertos universitarios en la materia, con jueces de menores o con organizaciones de iniciativa social que trabajan en este campo. «Este anteproyecto es un claro ejemplo de colaboración y diálogo», aseguró ayer Echániz. «Todos han aportado su visión», apostilló.
Pero el trabajo no quedó finalizado ayer. El Ejecutivo enviará ahora el anteproyecto al Consejo Consultivo, que dará el visto bueno desde el punto de vista jurídico a la nueva normativa. El Gobierno regional podrá entonces incorporar los cambios sugeridos. Después enviará el texto a las Cortes regionales, que serán las que de manera definitiva tendrán que aprobar la Ley.
Pero el trabajo no quedó finalizado ayer. El Ejecutivo enviará ahora el anteproyecto al Consejo Consultivo, que dará el visto bueno desde el punto de vista jurídico a la nueva normativa. El Gobierno regional podrá entonces incorporar los cambios sugeridos. Después enviará el texto a las Cortes regionales, que serán las que de manera definitiva tendrán que aprobar la Ley.
(Fuente: La Tribuna de Albacete)
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