La suspensión de las adopciones para extranjeros decretada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en octubre de 2012 (y aún vigente) quizá no causó tanta inquietud dentro como fuera de Colombia.
No es extraño. Colombia ha sido la séptima nación del mundo proveedora de niños para adopción, y la segunda de América Latina.
Entre 2001 y 2011, de acuerdo con cifras del ICBF, 28.626 niños y niñas fueron dados en adopción. Casi el 60%, a extranjeros (16.830) y 41% a familias nacionales (11.796).
Un récord amargo, según la representante a la Cámara Ángela María Robledo, quien ha denunciado abusos existentes en los procesos de adopción y las irregularidades cometidas por las casas de adopción o Iapas (Instituciones Autorizadas para desarrollar el Programa de Adopción).
Robledo es firme opositora de la “opacidad financiera con la que operan”. Según la representante, las Iapas “se pueden asimilar a un modelo de integración vertical o financiera análogo al del sistema de salud que tanto daño ha hecho en este país”.
Recuerda que la Convencion de La Haya exige para los procesos de adopción “independencia y transparencia”, pero que en nuestro país “todo se encuentra concentrado y controlado directamente en las casas de adopción.
“Cuentan con los niños y niñas bajo su protección, las solicitudes de adopción les llegan directamente. Del mismo modo, realizan el proceso de selección de las familias, dado que cuentan con los Comités de Adopciones. Y mediante un defensor de familia, asignado por el ICBF, definen la adopción de niños y niñas. Todas estas instancias están bajo la dirección de las casas de adopción”.
El caso más sonado: el de la hoy suspendida Fundación Los Pisingos. A esta entidad, la cual actuó como tutora y proveedora de niños en adopción con el aval del ICBF desde 1968, se le detectó el manejo de una red de donaciones estrictamente prohibidas (al menos en el texto de las leyes colombianas).
A través de esta red, 2,3 millones de dólares, pagados por parejas extranjeras deseosas de acelerar los trámites de adopción en Colombia, fueron a parar a cuentas en paraísos fiscales como Islas Caimán y Panamá.
Este escándalo (y la admisión del ICBF de que otras Iapas funcionaban con escaso control del Estado en Medellín, Cali y Bogotá) hizo que la Procuraduría aplicara entonces la lupa sobre estas entidades, aunque el simple dato de que la mayoría de los niños colombianos cedidos en adopción son adoptados por extranjeros contradice flagrantemente la Constitución, que da prioridad a las parejas colombianas sobre las foráneas.
Al declararse la suspensión de adopciones para parejas extranjeras, unas 3 mil de ellas aspiraban a adoptar menores colombianos. A estas no las afecta la suspensión: “les vamos a respetar su derecho, esta decisión no los cobija”, dijo Adriana González, directora general (e) del Icbf, “sólo se aplica a solicitudes a futuro”.
Otra denuncia de Robledo: los escasos esfuerzos oficiales para hallar la familia ampliada (tíos, abuelos) de los niños antes de cederlos en adopción, especialmente en el caso de los niños indígenas. La gravedad de esta negligencia proviene en parte de lo irreversibles que resultan los procesos de adopción debido a la confidencialidad que los rodea.
“Y no se han hecho búsquedas exhaustivas de familiares vivos e idóneos porque todo el proceso está teñido de racismo y clasismo: se asume automáticamente que la situación de un niño colombiano será mejor si lo adoptan en el extranjero que en Colombia”, comentó la funcionaria para EL HERALDO.
Le inquieta que la mayoría de los procesos de adopción sólo pueden ser revisados a petición del adoptado cuando este cumple 18 años de edad. “Es decir, demasiado tarde”. Ve en ello condiciones ideales para cubrir las irregularidades “bajo un manto de impunidad”.
Otros países más pobres que Colombia ceden menos niños en adopción a extranjeros. “Haití sólo nos supera debido a la tragedia del terremoto que sufrió en 2010”. Otro dato: en proporción con su propia población, Colombia es el tercer país del mundo en conceder más adopciones de niños y niñas a extranjeros.
Los que aquí no quieren. La suspensión decretada por el ICBF en la adopción para extranjeros no se aplica para niños con discapacidad física o mental. Según un reportaje de El Tiempo, “curiosamente, las parejas extranjeras están más dispuestas a adoptar niños con problemas físicos y mentales que las colombianas”. De acuerdo con una de las directoras de Los Pisingos, “en Colombia es prácticamente imposible que una pareja adopte un menor con este tipo de problemas”.
Posición del ICBF. El Instituto ratificó que seguirá tomando medidas contundentes para cualificar el Programa de Adopción como lo ha venido haciendo desde 2012. Por primera vez en cinco años, el Instituto adelanta un proceso de vigilancia sobre las ocho instituciones autorizadas.
También creó una gerencia especial para capacitar a los Defensores de Familia y revisó los lineamientos que rigen el procedimiento. En 2012, el número de adopciones ha disminuido en un 45%. Así, mientras entre enero y noviembre de este año fueron adoptados 1.363 niños y niñas en todo el país, en el mismo período del año anterior se gestionaron 2.489 casos.
El 85% de las adopciones se hicieron directamente en el ICBF y solo el 15% restante se tramitó a través de las Iapas “Sabemos que la disminución del número de adopciones está directamente relacionada con el fortalecimiento del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, en el cual se otorgan hoy más garantías a las familias biológicas extensas de los niños”, aseveró Adriana González.
(Fuente: www.elheraldo.co)
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