Denuncian la "multitud de barreras" que dificultan la adopción de esos niños, hecho que hace que, por ejemplo, apenas sea efectiva la adopción internacional en seis países pese a que España tiene firmados convenios bilaterales con unos cuarenta.
Ciudadanos considera que la falta de desarrollo reglamentario de las leyes que regulan la adopción ha dejado a los Organismos Acreditados para la Adopción (OAAs) "en una situación de inoperancia que los asfixia económicamente y que no da salida a las miles de familias y menores que esperan para adoptar y ser adoptados".
Además, la "inacción" del Gobierno ha supuesto la paralización total de ese desarrollo reglamentario y, por tanto, de todos los procesos pendientes.
Reclama por ello el desarrollo reglamentario urgente de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, y convertir la adopción y el acogimiento de menores "en un asunto prioritario en la agenda política por afectar a uno de los sectores más vulnerables que existen: la infancia".
TRES Y SIETE ANOS
Pide abordar "de manera integral y coordinada" la problemática y los obstáculos legales y administrativos que llevan a que un proceso de adopción nacional pueda dilatarse hasta siete años y uno internacional hasta los tres, emitiendo un informe de evalución en un plazo de seis meses.
Ciudadanos considera necesario también impulsar la apertura de nuevas vías de adopción internacional que responda a las demandas de adoptantes españoles y a las necesidades de los niños de esos países en situación de desprotección, especialmente con los 45 países con los que otros Estados de la Unión Europea tienen ya convenios.
Urge a "mejorar el sistema de tramitación, suspensión o prohibición de adopciones internacionales mejorando la transparencia del mismo y facilitando que los solicitantes de la adopción puedan acceder a la documentación relativa a su proceso".
También a crear un registro central de familias adoptantes y de niños susceptibles de ser adoptados para toda España, de manera que exista mayor coordinación y agilización de los procesos, y a impulsar el acceso de los OAAs a los fondos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
(Fuente: www.ecodiario.eleconomista.es)
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