Los hogares viven con incertidumbre y ansiedad la espera, a falta de que Madrid y Moscú firmen un convenio que desencalle la situación.
Josep Ardit (41 años) y Esther Caballé (34) viven en Tortosa días de tensa demora. En su hogar se palpan los nervios, la inquietud y el recelo. Están a un paso de conseguir el sueño de ser padres, después de dos años de espera, una importante inversión económica y un proceso burocrático largo y enrevesado. Sólo un juicio les separa de la niña que este matrimonio tortosino está a punto de adoptar y a la que ya conocen. «Hace dos años que nos dieron la idoneidad. Tuvimos la asignación y el 5 de agosto la conocimos. Hasta ese momento no había habido ningún problema. Todo había seguido su curso», cuenta Josep.
Entonces llegó el parón, que se prolonga hasta hoy. La legislación homófoba del presidente ruso Vladimir Putin afecta a las parejas españolas. Para evitar que estos críos puedan acabar siendo educados por homosexuales, desde el 29 de agosto los juicios de adopción con los estados que permiten el matrimonio gay están paralizados. Unas 500 familias españolas, según estimaciones del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, están afectadas por la medida. La situación sólo se desencallará cuando España y Rusia firmen un convenio bilateral que se lleva negociando desde 2009. Mientras eso no sucede –el Gobierno espera llegar a un entendimiento total a inicios de octubre– muchas familias ven con agobio y sufrimiento cómo sus procesos de adopción que tenían bien encarrilados se complican.
17 hogares tarraconenses se han visto atrapados, habitando en ese extraño limbo. Siete están tramitando la adopción a Rusia y diez se mantienen pendientes de asignación. Todas estas familias están en vilo y con miedo a que el proceso se interrumpa en cualquier momento. «La Federación Rusa exige unas condiciones. No quiere que nos quiten la potestad y que cualquier menor pueda caer en manos de una pareja homosexual», cuenta Josep Ardit. Ese supuesto sólo ocurre en el 1% de los casos: los niños llegan a España y la administración retira la tutela a los padres adoptivos, por lo que se debe buscar otro hogar a los chavales.
Josep y Esther se resignan: «Ellos tienen una manera de pensar y tienes que acatar lo que ellos digan». En su caso, el drama emocional se recrudece un poco más por conocer ya a la niña. «Ya tenemos la habitación preparada. Ya sabemos cómo es, hemos estado con ella, vemos sus fotos... Aunque todavía no esté con nosotros, ya la queremos. Allí ella está bien cuidada pero, en el fondo, no tiene lo que realmente necesita. Estamos sufriendo. En condiciones normales, en tres meses la podríamos tener aquí. Sentimentalmente es muy duro para nosotros», conceden Josep y Esther.
Ahora impera la incertidumbre y un retraso casi seguro de varios meses que poco a poco se va asumiendo. «Ya contamos con que será difícil que antes de 2014 nuestra hija esté con nosotros», explica Esther. Una vez resuelto el embrollo administrativo entre países, les queda hacer un nuevo viaje a Rusia para el juicio, uno de los últimos pasos. Será una nueva sesión de consultas para dictaminar que la adopción se puede concretar. Diez días después, el reencuentro con su hija, de dos años y medio, será ya definitivo.
Controles periódicos
De momento, el Ejecutivo no ha adelantado los puntos que se están negociando. José Luis Vicente, director de una de las entidades colaboradoras de adopción internacional, afirma que entre los requisitos exigidos por Rusia desde el final del verano se incluye un seguimiento del niño hasta que cumpla la mayoría de edad.
La directora del Institut Català de l’Acolliment i l’adopció (ICAA) del Departament de Benestar Social i Família, Núria Canal, insiste en que «se trata de un bloqueo temporal mientras se busca un encaje jurídico a la nueva normativa rusa».
El Tribunal Supremo de Rusia
El origen está en la instrucción emitida por el Tribunal Supremo ruso que establecía que sólo pueden adoptar parejas heterosexuales residentes o nacionales de países que o bien tengan un convenio bilateral con la Federación Rusa o bien sean de países que certifiquen que en ningún caso el menor, en caso de tener que cambiar de familia, no será adoptado nunca por homosexuales. «Certificar esto es contrario a nuestra ley 3/2005, que establece que no se puede discriminar a las personas por su orientación sexual», comenta Núria Canal, que explica que «el Govern de la Generalitat está trabajando codo con codo con las entidades acreditadas para mediar con Rusia».
Canal lamentó «la falta de voluntad del gobierno del Estado para firmar un convenio bilateral con Rusia, cuando este país lo lleva pidiendo desde hace más de cuatro años». Mientras, en las familias domina la ansiedad y la impotencia. «No podemos hacer nada y no sabemos lo que pasará», comenta la pareja tortosina...
(Fuente: www.diaridetarragona.com)
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